La Comisión de Ética del Congreso aprobó, por mayoría, el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela (BMCN) por la presunta contratación de familiares en su despacho parlamentario.


El informe de calificación establece que se habría faltado, presuntamente, al Código de Ética Parlamentaria y a su Reglamento.

La comisión considera que existen suficientes elementos de convicción que ameritan pasar a la etapa de investigación, a fin de determinar si las acciones de la congresista denunciada habrían infringido las normas de ética parlamentaria”, señala el documento.

El informe se aprobó con 11 votos a favor y 2 abstenciones, en la sesión conducida por el congresista Alex Paredes (BMCN),presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.


La denuncia se sustenta en un reportaje periodístico que atribuye a la legisladora la presunta contratación de tres familiares como personal de confianza en su despacho congresal, uno de los cuales se habría presentado además como personal del Congreso ante instituciones .

Asimismo, algunos extrabajadores denunciaron presuntos requerimientos de dinero para realizar donaciones a nombre de la legisladora.




Denuncias improcedentes 

La comisión, del mismo modo, aprobó por mayoría el informe de calificación que declara improcedente y dispone el archivo de la denuncia contra el congresista Luis Aragón Carreño (AP) por presuntamente haber intentado modificar los estatutos internos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

También se rechazó de plano, por mayoría, la denuncia contra el congresista José Elías Ávalos (APP) por presuntamente haber proferido expresiones ofensivas contra el prócer José Bernardo Alcedo y sus descendientes.

Ética, asimismo, aprobó la reconsiderar la votación que abría denuncia de oficio contra el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) por expresar frases discriminatorias contra la mujer, por lo que se envió al archivo.

Infundados

Los miembros de esta comisión también aprobaron por mayoría el informe final que declara infundado la denuncia contra el congresista Edwin Martínez Talavera (AP) por presuntamente haberse comunicado con la procuradora pública de la Municipalidad Provincial de Camaná para interceder en un desalojo.

El informe señala que la comunicación no fue de carácter imperativo, ni coercitivo, ni se le solicitó beneficiar a una persona en particular lo que además se corrobora con la explicación que dio la funcionaria.

(FIN) NDP/FHG/CVC

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Publicado: 6/6/2025