Investigación pone en aprietos a defensor del Pueblo

El año pasado, la Fiscalía de la Nación recibió una denuncia de la Procuraduría General del Estado (PGE) contra Josué Gutiérrez, actual defensor del pueblo del Perú. El ex congresista es acusado de presunto patrocinio ilegal en relación con el caso de la ex primera dama, Nadine Heredia.

Tras varios meses, la fiscal, Patricia Benavides, aún no se ha pronunciado sobre si iniciará una investigación preliminar. Entre tanto, la crisis generada por la 'Operación Valkiria V' y la posterior suspensión de Benavides ha paralizado cualquier decisión respecto a la denuncia.

La acusación implicaría tratos ilícitos para asegurar la elección de Gutiérrez. Además, tendría influencia en la elección de los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar y sancionar a jueces y fiscales.

Uno de los giros más recientes es el rechazo por parte de un juez a un permiso para viajar al extranjero solicitado por Heredia. El juez accedió a imponer un impedimento de salida citando el riesgo de fuga en medio del avance de su juicio por lavado de activos.

La denuncia presentada por la PGE tiene vinculación directa con el juicio por lavado de activos que involucra a Heredia, el ex presidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Por su parte, Gutiérrez, quien tenía estrechas relaciones con Heredia y Humala durante el gobierno nacionalista, ha negado ser parte del esquema criminal.

Las fuentes ligadas al caso de Heredia criticaron la intervención de la Defensoría del Pueblo en esta situación judicial, calificándola de "intromisión".

La Fiscalía de la Nación, ahora dirigida por Juan Carlos Villena de manera interina, evalúa el estado de los casos pendientes y podría cambiar las decisiones aún por emitirse. Las próximas semanas serán cruciales para la resolución de casos que involucran a varios altos funcionarios, incluyendo a Gutiérrez y la propia Benavides.