Desembolsos irregulares causan perjuicio millonario al Estado

La Contraloría General de la República ha revelado un perjuicio económico de S/ 374 056 743 al Estado generado por los corredores complementarios de transporte. Esta pérdida financiera es el producto de pagos sin sustento legal emitidos por Protransporte y ATU a concesionarios, así como la sanción económica resultante del incumplimiento de contrato del Corredor Rojo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y PROTRANSPORTE.

La auditoría señala que exfuncionarios de Protransporte y la ATU autorizaron el pago de la totalidad de los costos operativos no cubiertos por los ingresos recaudados durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Estos desembolsos irregulares, ejecutados entre marzo de 2020 y marzo de 2022, ascendieron a una cifra de perjuicio económico de S/ 172 146 9712; pagos que no deberían haber sido cubiertos por el Estado.

En detalle, los pagos efectuados con recursos públicos ascienden a S/ 34 740 791.98 por parte de Protransporte, mientras ATU generó un perjuicio de S/ 137 406 179.82. Asimismo, Protransporte autorizó un insustentable pago de S/ 1 207 671 a favor de sí misma.

El contratiempo incrementó con la aprobación de ordenanza municipal que renovó las autorizaciones de transportistas para prestar servicio en rutas concesionadas al Corredor Rojo. Dicho acto derivó en una controversia con el concesionario que culminó con laudos arbitrales firmes emitidos en julio de 2020 en contra del Estado, estipulando por los incumplimientos se debe pagar S/ 201 909 772.

Como resultado de la auditoría, siete exfuncionarios y exservidores de PROTRANSPORTE, ATU y la MML tienen presunta responsabilidad civil o administrativa. Los resultados comprenden el período de julio de 2014 a agosto de 2023, y se ha notificado al Procurador Público de la Contraloría para iniciar acciones civiles contra los involucrados.