Asumir las consecuencias

Como Perú21 viene insistiendo, las movilizaciones, marchas y protestas están permitidas en una democracia. Son parte irrenunciable del juego político que implica. Pero si durante esas manifestaciones de la ciudadanía se cometen delitos graves como destrucción de la propiedad pública o privada, toma de locales, agresiones a las fuerzas de seguridad, arrebatos vandálicos o saqueos, como ocurrió en las anteriores ‘tomas de Lima’, la protesta se desnaturaliza.

Y es con esto último con lo que los extremistas están amenazando, velada o abiertamente, en su llamada tercera ‘Toma de Lima’. Una medida de fuerza, de confrontación, con objetivos netamente políticos. De ahí que una gran cantidad de peruanos la rechace y la condene sin reservas.

Marchas pacíficas ha habido en las últimas semanas: la Movilización por la Paz así como la del Orgullo, por ejemplo, fueron convocadas para reafirmar voluntades y protestar contra determinadas desatenciones del Estado. Ninguna se salió de madre, como suele decirse. Fueron ruidosas, combativas y críticas con el statu quo actual, pero ajenas a cualquier desborde de violencia y respetando a quienes no deseaban participar o compartir las reivindicaciones que se lanzaban a viva voz.

Los agitadores de siempre, que buscan pescar a río revuelto, en cambio, siguen sumando reclamos, más absurdo uno que el otro, para enardecer los ánimos y llevar al límite a quienes se movilizarán durante los próximos días. Y tampoco faltan las oportunistas de izquierda, políticas rechazadas por el voto popular, que ahora pretenden “ganarse alguito” saliendo en la foto.

El Poder Judicial ha sido claro en un comunicado que hizo circular ayer: “La protesta pacífica es un derecho, pero quienes provoquen daños se harán responsables de sus actos conforme a ley”.

Es decir, quienes promuevan la violencia durante estos días tendrán también que asumir su responsabilidad, sobre todo si se produjeran hechos lamentables que pudieran terminar con muertos o heridos, como ha insistido, asimismo, el exjefe de la Dircote, José Baella. Ello sin mencionar cualquier ataque vandálico a la propiedad, que también debe ser penalizado.

No hay ningún pretexto, ni razón política o moral, que justifique excesos. Quien cometa delitos, que asuma las consecuencias.