Pese a limitaciones presupuestales justicia itinerante ha atendido a más de nueve mil personas este año

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó que, pese a las limitaciones presupuestales que afronta la institución a su cargo, la justicia itinerante que acude a las comunidades de difícil acceso del territorio nacional, atendió a más de nueve mil personas este año.

Señaló que en este periodo fueron realizadas 99 ferias itinerantes, instalaron 127 mesas de parte itinerante, recibieron 413 demandas, efectuaron 43 audiencias públicas itinerantes y se expidieron 37 sentencias, de las cuales se ejecutaron seis.

La magistrada sostuvo que estas actuaciones corresponden a temas de Derecho de Familia y violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, es decir, procesos de alimentos, rectificación e inscripción de partidas y medidas de protección para las víctimas de violencia, entre otros.

Así lo informó en la inauguración del I Congreso Nacional de Justicia Itinerante, ‘Articulación para la innovación’, que se desarrolla en Lima hasta hoy viernes con la participación de presidentes y presidentas de cortes superiores y coordinadores de las comisiones distritales de acceso a la justicia.

Política pública

Por otro lado, Tello Gilardi indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Itinerante, Ley n.° 31968, en el año 2023, la justicia itinerante es una política pública que se tiene que aplicar y reforzar en cada una de las cortes superiores.

“Desde el 2023, ahora la justicia itinerante es una política judicial, deja de ser una iniciativa voluntaria, es decir, que no depende de la voluntad de cada corte; tenemos que cumplir con los parámetros establecidos en la ley”, remarcó.

Sostuvo que si bien el tema presupuestal es una gran dificultad para llevar adelante el referido servicio, sin embargo, sostuvo, que esto no ha sido un obstáculo para que las cortes superiores lo continúen realizando.

En tal sentido, invocó a las y los titulares de los diferentes distritos judiciales seguir impulsando la justicia itinerante para que siga siendo una de las herramientas con que cuenta el Poder Judicial, la que muchas instituciones internacionales la consideran como ‘el rostro de la justicia del Perú’.

“No solo es un gesto, es una obligación constitucional y legal, y también un deber moral cumplir con la ley”, remarcó la presidenta del Poder Judicial ante el nutrido auditorio.

Asimismo, destacó que, recientemente, la ministra Ángela Russo de Cerdeño, quien fue presidenta de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, consideró también al Perú como referente en el tema de acceso a la justicia a través del servicio de justicia itinerante.

Estrategia nacional

En el evento, la jueza suprema del Ecuador, Katerine Muñoz Subia; las presidentas de las cortes de la Selva Central, Jenny Bazán Escalante, y de La Libertad, Cecilia León Velásquez, así como el titular de la de Sullana, Pedro Li Córdova, intervinieron en el panel ‘La justicia itinerante en el Perú y la región: avances, desafíos y caminos de consolidación’.

Muñoz Subia expresó su reconocimiento al Poder Judicial de Perú, en especial a la presidenta Janet Tello Gilardi, y señaló que la justicia itinerante en nuestro país no es una actividad aislada ni una respuesta ocasional frente a determinadas necesidades, sino una verdadera política institucional.

“Es uno de los mayores aportes que hoy el Perú ofrece a toda la región, especialmente como un ejemplo para mi país (Ecuador), porque la justicia itinerante ha dejado de depender de ese esfuerzo individual de jueces comprometidos para convertirse en una estrategia nacional”, resaltó.

Agregó que la gestión impulsada por Tello Gilardi representa esa visión de futuro de comprender que el acceso a la justicia no puede depender del lugar donde vive una persona ni de las dificultades geográficas que enfrenta, sino que debe formar parte de la política permanente del Estado.

“Desde Ecuador observamos este esfuerzo sostenido por llegar a comunidades amazónicas, andinas, rurales, muchas veces enfrentando dificultades geográficas, climáticas y logísticas, pero quizá el mayor mérito no es haber llegado a esos territorios, sino haber logrado esa justicia itinerante, que forma parte de la identidad institucional del Poder Judicial peruano”, destacó.

Consideró que esta buena práctica peruana debe ser replicada por los países de la región, porque las políticas de acceso a la justicia necesitan institucionalidad y continuidad, aunque cambien las autoridades.

Buenas prácticas

En tanto, la magistrada Bazán Escalante destacó como buena práctica de su jurisdicción, la iniciativa “Caravana Judicial” donde las juezas y jueces durante tres días comparten con la gente, día y noche, con niños, niñas, mujeres, en las comunidades indígenas.

“No somos más los jueces y juezas de escritorio, ahora vamos detrás del conflicto, a las comunidades, ahora la regla general es la itinerancia”, enfatizó Bazán Escalante.

De igual modo, informó que en las ferias itinerantes en su jurisdicción se recibieron 190 denuncias por alimentos, que representan el 46 % del total nacional, fueron atendidas 1023 personas, de las cuales 200 son indígenas.

El titular de la Corte de Sullana, Li Córdova, por su parte, destacó que del total de las atenciones a beneficiarios a nivel nacional desde el 2025 a la fecha, 2395 se realizaron a personas que acuden a las ferias itinerantes realizadas en su distrito judicial.

Camión itinerante

Señaló que a pesar de las limitaciones en su presupuesto se movilizan hasta lugares de la sierra de Piura, como Ayabaca, donde se están presentando problemas vinculados con la minería ilegal.

Asimismo, resaltó la iniciativa del “Camión Itinerante”, que funciona como despacho judicial, equipado con tecnología y con una cámara Gesell, la cual no solo permite atender las demandas de los justiciables, sino incorporar las actuaciones judiciales como prueba anticipada en los casos de violencia sexual.

Por otro lado, la magistrada León Velásquez destacó la articulación de la institución que lidera tanto con instituciones como la Policía Nacional, el Ejército y otras, sino también con las rondas campesinas.

Hizo hincapié en el compromiso de las juezas y jueces, así como del personal para desarrollar acciones de la justicia itinerante en la sierra liberteña de difícil geografía, pobreza extrema y alta criminalidad, lo que pone en riesgo su vida e integridad física.

Expresó que los magistrados y magistradas también visitan por las noches los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) donde estudian personas adultas y de bajos recursos económicos para darles orientación en temas del servicio de justicia, entre otras actividades.

La magistrada informó que hace dos semanas se inauguró un Centro de Justicia Itinerante en la localidad de Laredo, en un ambiente cedido por la municipalidad, hasta donde se trasladan los jueces para realizar su labor de itinerancia.

Concurso de fotografía

Durante la jornada de ayer también se realizó la presentación de las imágenes participantes del concurso de fotografía «Justicia que Trasciende», en el que cada una de las 34 cortes del país busca destacar, a través de una imagen, cómo la justicia llega con empatía e inclusión a las comunidades más alejadas del país.

Los ganadores serán elegidos según la cantidad de reacciones «Me gusta» obtenidas en las redes sociales oficiales de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Las fotografías más votadas se darán a conocer durante la segunda jornada de esta actividad en la tarde de hoy donde se anunciarán y premiarán a los ganadores de la competencia.

Hoy viernes

El congreso continuará hoy con tres paneles titulados: ‘Del modelo a la política pública: condiciones para una justicia itinerante sostenible’, ‘Plataforma y datos para la itinerancia’ y ‘Territorialidad y articulación interinstitucional en la justicia itinerante’.

También se presentará el proyecto para el protocolo de ‘Justicia Itinerante’ y se dará lectura al acta de compromiso suscrito por los presidentes y presidentas de cortes superiores.

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