El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un pronunciamiento en donde pide al Congreso de la República no derogar el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que elimina parcialmente la tercerización laboral en el Perú.
Este decreto aprobado en febrero de este año —cuando aún el MTPE estaba a cargo por Betssy Chávez— va a de acorde al Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y estándares internacionales, apuntó la cartera.
"El decreto supremo en mención no prohíbe la tercerización, como tendenciosamente han tratado de mostrar algunos medios o instituciones financiadas por ciertos grupos empresariales, sino que precisa que no se puede tercerizar el núcleo del negocio justamente en base a los términos de la Ley 29245 y el D. Leg. 1038, corrigiendo la distorsión creada por el anterior reglamento", señaló el MTPE en un comunicado.
En esa línea, el sector Trabajo señaló que este decreto no implica la creación de un trámite adicional para ejercer la actividad empresarial, sino que es "una acción de cautela estrictamente normativa de derechos fundamentales de los trabajadores".
MTPE defiende decreto supremo
El MTPE sustentó el decreto supremo de eliminar la tercerización laboral en que han venido ocurriendo escenarios donde esta medida "es utilizada con fines de eludir responsabilidades sociolaborales".
Ejemplificó dicha postura con la industria minera: " los salarios de los trabajadores de la empresa principal (sin contar utilidades) en promedio son más del doble que las remuneraciones de los trabajadores de una empresa contratista (118% más),pese a realizar las mismas labores o labores de igual valor, entre muchas otras situaciones en todos los rubros".
Por eso, expresaron su preocupación y rechazo ante un posible escenario de derogar la norma "por parte de algunos congresistas de la República".
El portafolio señaló que implicaría un "serio retroceso en materia laboral en perjuicio directo de la clase trabajadora" y "sería un obstáculo para la postulación de Perú a la OCDE".
Por último, anunciaron que recurrirán a la vía que sea necesaria para la defensa del D.S. N° 001-2022-TR, "así como de toda norma que haya sido emitida en resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores".
En ese sentido, no descartan acciones en la vía penal y disciplinaria "para responder a los funcionarios que se involucren en otorgar indebidamente medidas cautelares o similares, además de los recursos del ámbito civil y constitucional".