Seguridad
XII Misión Internacional de Ciudades Seguras
El presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, José Manuel Saavedra; el exministro del Interior de Ecuador Juan Zapata Silva; el extitular de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote),general PNP José Baella; y el alcalde de San Miguel, Eduardo Bless; analizaron en Enfoque de los Sábados la lucha contra la inseguridad ciudadana, tras la realización de la XII Misión Internacional de Ciudades Seguras.
"Fase de contención"
Juan Zapata Silva, exministro del Interior ecuatoriano, consideró que, si el Perú no brinda una contención para evitar la delincuencia común, entonces se dará un salto hacia el crimen organizado.
"Si no hacemos la fase de contención, nos va a tocar vivir lo que lastimosamente nos tocó vivir en el Ecuador. Es decir, encontrar ya no delincuencia común sino un salto a crimen organizado, retiro, sin fase de contención. Hoy el Ecuador tienen 21 grupos de delincuencia organizada llamados terroristas con todo el poder de fuego y la economía ilegal porque permitieron que esto crezca entre 18 y 20 años, los gobiernos de turno miraron para otro lado", lamentó.
En relación con la victoria del ‘Sí’ en el referendo con el que los ecuatorianos dieron luz verde a la extradición de connacionales requeridos por la justicia de otros países y al endurecimiento de leyes para enfrentar al narco; Juan Zapata Silva destacó la decisión de sus compatriotas en el plebiscito que "marca un antes y un después" en Ecuador.
"Y tenemos un caso emblemático: ‘El Gato’ Farfán, un narcotraficante de los más fuertes que tiene el Ecuador y que tenía ya las mismas prácticas que (Pablo) Escobar (...) a él en un trabajo muy importante de la policía de Colombia, en esta operación internacional, se le capturó en la frontera, pero decidimos que se vaya a Colombia porque ellos mantenían la extradición y ya está extraditado a Estados Unidos. Hoy al tener Ecuador esta figura creo que lo van a pensar dos veces los narcotraficantes en seguir insistiendo en estas prácticas porque le tienen temor a las cárceles norteamericanas", dijo.
Inversión en seguridad
El exdirector de la Dircote, general PNP José Baella, coincidió en la necesidad de una contención y conseguir "una política pública definida" ante la inseguridad ciudadana; para evitar que el crimen organizado y las bandas delincuencias rebasen a la autoridad.
"Si no invertimos en seguridad, estamos propensos a que nos rebase la criminalidad", advirtió.
En relación con las unidades de flagrancia, José Baella sostuvo que son importantes para combatir el crimen menor en las ciudades; pero advirtió el problema de la sostenibilidad en el tiempo como la falta de presupuesto, personal, entre otros.
"La criminalidad también avanza y la criminalidad también observa la tecnología. Y la Policía no puede estar por debajo de esa tecnología, tiene que estar por encima de esa tecnología. Saludo acá las palabras del exministro de Ecuador porque el Ecu 911 es un ejemplo y ese ejemplo hay que explotarlo acá, está cerca la frontera. especialistas pueden ir a recoger toda esa experiencia e invertir en seguridad", manifestó.
Sobre la lucha contra la minería ilegal, el general PNP argumentó que las Fuerzas Armadas no son la solución para la lucha contra los mineros informales, como en el caso de Pataz (La Libertad). Para él, la Policía tiene que establecerse, pero con los medios necesarios, para combatir el delito en las zonas mineras.
"El problema es policial: la minería ilegal mezclada con la criminalidad, los famosos 'parqueros' que sacan el oro e inclusive están extorsionando a la gente. inclusive esta minería ilegal ha tenido la osadía que estando en estado de emergencia ha destruido dos torres de electricidad, entonces eso es un reto hacia el Gobierno y a la sociedad peruana. No es la solución. La Fuerza Armada puede colaborar con la Policía como lo hacía en el caso del terrorismo dándole seguridad para que la Policía opere, en forma disuasiva y en una situación psicológica (...) en realidad, la que tiene que dar todo el sustento logístico e infraestructura para operar es la Policía", dijo.
Continuidad de políticas públicas
Eduardo Bless, alcalde de San Miguel, señaló que los cambios de ministros de Interior hacen que no se logre continuidad en las políticas públicas claras contra la inseguridad ciudadana dejando a las autoridades la deriva en acciones.
"Integrados y participando bien podemos tener resultados. San Miguel en el 2015 tenía 4 000 robos al año y en el 2018 lo bajamos a 350 bajo una política de Vecindario Seguro que se hizo con el Ministerio del Interior", destacó.
La autoridad de San Miguel precisó que Vecindario Seguro es una política pública donde se trabaja con la Policía Nacional, el municipio y las juntas vecinales para prevenir la inseguridad. "Aproximadamente 150 policías, 14 patrulleros de la Policía, 50 patrulleros del serenazgo y 500 serenos, todos trabajan integrados", dijo.
Para Eduardo Bless, no hay presupuesto para sostener unidades de flagrancia, por lo que la medida deber ser evaluada por el Gobierno para destinar los recursos necesarios.
Implementación de programas exitosos
José Manuel Saavedra afirmó que la XII Misión Internacional de Ciudades Seguras buscó la reducción del delito y crimen organizado a través de la implementación de programas exitosos.
"Por ejemplo, la premiación ha tenido cuatro categorías para poder considerar cuáles son distritos considerados con buenas prácticas de seguridad ciudadana. Uno de ellos es el ranking de percepción de seguridad ciudadana, otros son los proyectos de prevención del delito y esto es muy importante porque lo que estamos identificando son proyectos que han permitido reconstruir el tejido social en los diversos distritos de la ciudad de Lima (...) tratamos de reconocer a esas municipalidades que han implementado proyectos de prevención", dijo.
También señaló que otro de los criterios son los proyectos de innovación tecnológica como la incorporación de la inteligencia artificial a sus cámaras de videovigilancia por parte de las municipalidades para reducir de operadores de cámara y optimizar los recursos.
"En poder llevar esta propuesta al alcalde de Lima, creo que es un tema de voluntad política para poder implementar dentro de los buses de transporte urbano ya cámaras de videovigilancia conectadas a una central única de emergencias, que lamentablemente no lo tiene (Lima)", expresó José Manuel Saavedra.
Criminalidad y robo de celulares. Si la norma que entra en vigencia hoy se aplica sin contemplaciones todos los teléfonos robados que hayan sido adquiridos en el mercado negro quedarán bloqueados y su tentativa de uso podrá ser registrada por las divisiones especializadas de la Policía Nacional.
