Escrito por Romulo Villegas
El ascenso al poder de Pedro Castillo sugería una amenaza al sector minero dado su discurso radical en campaña y el apoyo programático de su ideario perulibrista en el que señalaba deliberadamente la nacionalización de recursos naturales, ampliación de consultas vinculantes, autonomía regional de evaluación de ZEE e incremento de sueldos del magisterio por reparto de utilidades del sector minero. Todo ello a pesar de las expectativas y respaldo de la población al sector minero. Según una encuesta de Datum(*) en el 2021, el 76% de la población indicaba que el próximo gobierno sí debía apoyar al sector minero.
Desde el plano legislativo se han articulado e impulsado muchas de estas propuestas populistas relacionadas al sector; sin embargo, no se han viabilizado exitosamente tal como la presentación del proyecto de ley de nacionalización del cobre y la creación de la empresa Las Bambas SAC.
En el ámbito público la percepción positiva del sector minero goza de una fortaleza sostenible a pesar de la incidencia de sectores hostiles al sector y su alta capacidad de organización.
Una encuesta de Brújula Minera (**); realizada en todo Latinoamérica (región exportadora de metales y por tanto de alta actividad/potencial minero) muestra que el Perú mantiene un alto margen de percepción positiva de la minería para el país cercano al 81% en el año 2021 y 79% en este último año. De la misma forma, aquello se condice con las encuestas realizadas a nivel local, tal como lo muestra Datum en el 2021 donde un 70% de la población percibe que la minería formal beneficia al país en general.
De igual forma, el Perú goza de una alta valoración con un 80% de percepción sobre la posibilidad de hacer una minería socialmente responsable. También, se percibe la posibilidad de una minería amigable con el medio ambiente. En ambos resultados el Perú sustenta la más alta valoración. En la misma línea, un 79% señala que la minería presenta fuentes de empleo a la población,un incremento de 8 puntos porcentuales respecto del año anterior (2021). Lo que denota una percepción positiva arraigada del sector minero en la población y desde el sector se presenta como una ventaja competitiva; es decir, un recurso valioso que la minería puede utilizar.
Sin embargo, se percibe también que la capacidad de control de las empresas mineras es cuestionada ya que solo un 21% está de acuerdo con que las empresas mineras previenen los impactos negativos de su operación. Además, solo un 45% refiere que están de acuerdo con que las mineras cumplen los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Dos frentes que corresponden al plano operativo del sector.
A nivel institucional el MINEM no goza de mucha confianza a nivel comparativo de percepción con otros países de Latinoamérica, el nivel de confiabilidad se encuentra en un 17% en el año 2021 y un 13% en este último año; una disminución de 4 puntos porcentuales. De la misma forma el beneficio de las bondades del sector no está siendo percibido por la población. Ya que hay consenso mayoritario en un 59% en que las regalías, canon y sobrecanon son derivadas para actividades de corrupción, soborno, o se las roban políticos.
La legitimidad del sector a nivel nacional, se juega en diferentes en planos, y tiene resultados distintos dependiendo del plano de evaluación. Por un lado, el Perú es el país con mayor consenso sobre los beneficios del sector minero. Este capital social en términos de percepción de la población puede ayudar a las narrativas sobre consensos pro - desarrollo, relaciones constructivas con comunidades y valor compartido en el sector minero.
Sin embargo, mientras algunas percepciones negativas se mantengan elevadas (por ejemplo que un bajo porcentaje de la población considere que las empresas previenen los impactos negativos de su operación o que los recursos del canon son derivados hacia la corrupción),estas narrativas van a encontrar resistencias. Para fortalecer aún más la imagen de la minería, los otros factores de legitimidad también deben ser atendidos.
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