El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió este martes un pronunciamiento respecto al debate y votación, en la Comisión de Constitución del Congreso, del dictamen que propone la reforma constitucional para que los titulares de los organismos electorales puedan ser sometidos a acusaciones constitucionales.
Como se sabe, en la sesión de dicho grupo de trabajo parlamentario, que tendrá lugar hoy, se abordará la referida propuesta legislativa que plantea la modificación del artículo 99 de la Carta Magna para que los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec puedan ser objeto de juicio político.
Al respecto, el pronunciamiento del JNE indicó que, para la sesión, no se ha convocado a ningún miembro del sistema electoral, pese a que el dictamen, elaborado por la presidenta de la comisión, Martha Moyano, afecta directamente las funciones de dichas entidades.
Argumentos del JNE
En su pronunciamiento, el JNE indicó que lo que propone el dictamen "resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el JNE".
"La posición en contra de incluir a los miembros del Sistema Electoral dentro de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político a cargo del Congreso, en modo alguno implica que se promueva la impunidad o ausencia de control alguno de la actuación del JNE, puesto que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional", señala el pronunciamiento.
"Teniendo en cuenta que la actuación del pleno del JNE es eminentemente jurisdiccional, es necesario garantizar su independencia e imparcialidad, su afectación no solo repercute en la justicia electoral, sino en el ejercicio efectivo de la democracia representativa (...) Cualquier intento de cooptar a los órganos electorales por parte de los poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática", añade.
El JNE alertó también del riesgo "de otorgarle al Congreso el poder de sancionar a los organismos electorales que son precisamente quienes revisan causas jurisdiccionales en un proceso electoral".
"Es decir, se deja esta potestad a un órgano político como el Congreso que pretende encontrar en sus decisiones infracciones a la Constitución, sin que se encuentre definido cuáles son estas infracciones. Por ello, que autoridades políticas como los congresistas puedan sancionar a autoridades electorales, sobre la base de una valoración política y no jurídica resultaría contrario a la Convención Americanan de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH", puntualiza.