Informes oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), producidos entre 2022 y 2023, evidenciaron el vínculo entre las operaciones mineras de la transnacional con la contaminación la provincia de Espinar, en Cusco.
Hace más de 10 años los ciudadanos e las zonas circundantes a Antapaccay han enfrentado los estragos de la contaminación. Ello, de acuerdo con el informe titulado "Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos".
El documento, elaborado por CooperAcción y Oxfam, señala que existen riesgos significativos para la salud de las personas de 13 comunidades adyacentes al encontrarse expuestas a metales pesados, incluido mercurio.
Estudios del OEFA
Los estudios del OEFA analizaron el aire, agua, la flora y fauna, así como también a los animales domésticos en las 38 localidades de la provincia de Espinar. Posterior a ello, emitieron dos informes respecto de la alidad del aire, lo cual confirma que las emisiones de material particulado PM10 han superado repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos.
Las zonas más afectadas son la comunidad originaria de Alto Huarca, la comunidad de Alto Aira Ccollana y la zona de Propietarios privados Huinipampa, en Katahuitaña.
Asimismo, se destaca la grave afectación a la flora y fauna, debido a concentraciones alarmantes de metales pesados en pasto andino y tejido vegetal junto con la presencia de estos elementos en la flora y fauna de áreas cercanas a las operaciones mineras.
Los animales domésticos muestran claros signos de afectación, ya que el incremento de la salinidad del suelo y las concentraciones que superan los límites tolerables en su alimentación.
Historia repetida
La minera de Antapaccay, originalmente ubicada en Tintaya, expandió sus operaciones en 2012. Sin embargo, en la actualidad hay un nuevo proceso de expansión en marcha llamado Coroccohuayco.
Esta ampliación implica que el proyecto abarque más de 200 km2, lo cual plantea serias inquietudes sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas quechua y k’ana.
Pese a lo grande del proyecto, las negociaciones para la adquisición de tierras no parecen cumplir con los principios de debida diligencia y transparencia, alertó el informe de CooperAcción y Oxfam.
Ello, debido a que la empresa ha proporcionado información contradictoria, dificultando la capacidad de las comunidades para negociar de manera informada.