El informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recomiendó acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Entre las conclusiones del informe -presidido por el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura- se encuentra que el mandatario, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Estas investigaciones ocurren en el caso Puente Tarata, en donde también se señala que entre Castillo, Pacheco, Villaverde y López se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.
Sobre la base de audios y otros elementos recogidos por la comisión, el informe concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/232.5 millones, habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López.
Del mismo modo, se resalta que Tapusa —una de las empresas que conformó el referido consorcio— también entregó dinero al entonces ministro de Transportes Juan Silva a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso.
En otro punto, la comisión concluye que tanto Castillo como Silva ejercían control sobre algunos funcionarios como Alcides Villafuerte, ex gerente de Obras de Provías Descentralizado; los integrantes del comité de selección de la obra Puente Tarata, Víctor Efrén Valdivia y Edgar Vargas; el asesor de Silva, Juan Altamirano Sánchez y Hugo Trece, Jefe de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional. Este último, según el informe, fue recomendado por Zamir Villaverde y era el responsable de los servicios de mantenimiento de carreteras en todo el país.
Más casos de investigación en el informe
El informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso también recomienda formular acusación constitucional contra Pedro Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en el caso de injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA).
Ello porque se concluye que Ayala, Castillo y Pacheco intervinieron en el proceso de ascensos de los altos mandos del Ejército.
Además, en el informe también se recomienda acusar constitucionalmente al presidente —incluidos Juan Silva y Juan Carrasco— por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, de negociación y compatible o aprovechamiento indebido del cargo, por mantener reuniones en la casa del pasaje Sarratea ubicada en Breña sin que se hayan transparentado.
El documento, que contempla el análisis de otros casos como las injerencias ante el jefe de la Sunat.
También la comisión de Fiscalización pide a la Fiscalía de la Nación continuar con la investigación preliminar contra Burno Pacheco, exsecretario general de Palacio, por el caso del hallazgo de 20 mil dólares en sus oficinas.
Todos los casos señalados en el informe serán debatidos el día de mañana por el referido grupo de trabajo.