El Ejecutivo remitió ayer, viernes, un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitándole que la Representación Nacional considere un proyecto de ley mediante el cual se le delegue facultades legislativas, por 90 días calendario.
Dicha iniciativa legislativa fue suscrita por la presidenta de la república Dina Boluarte, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en calidad de encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, en ausencia de Gustavo Adrianzén.
"(...) Someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional", indica el oficio.
"Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del Perú", añade.
En RPP, te presentamos las principales leyes que el Gobierno busca emitir en cada una de las materias en las que pretende legislar.
¿Qué leyes busca emitir el Ejecutivo con la delegación de facultades legislativas?
Según se lee en el documento del Ejecutivo, la finalidad del proyecto de ley es "impulsar la reactivación económica, simplificación de procesos, reforma de la gestión de la actividad empresarial, modernizar el sistema tributario para regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, perfeccionar el régimen tributario de las empresas de menor tamaño".
Así como "perfeccionar las herramientas legales y administrativas a fin de hacer más eficiente la recaudación, fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria; reducir los riesgos de futuras controversias vinculadas a la aplicación de normas de precios de transferencia; y dictar medidas para el pronto recupero de las deudas administradas por la SUNAT", indica el proyecto.
En ese sentido, en lo que respecta a "fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos", el Ejecutivo busca "simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales", "promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza".
Asimismo, "mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; exoneración de responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que participan en los procedimientos de adquisición anticipada y/o expropiación de predios".
El Gobierno también busca "establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión"; "establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión"; y "ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria".
En lo que respecta al sector Cultura, el Ejecutivo busca "facultar al Ministerio de Cultura para crear una nómina de especialistas encargados de realizar acciones de identificación de pueblos indígenas u originarios"; "establecer un marco normativo que permita la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de gobierno"; "autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos"; entre otros.
En cuanto al área de Transportes, se buscará "garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao".
Sobre "fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado", el Gobierno legislará para "fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo"; y "aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitore estratégico".
En lo que respecta a "equilibrio fiscal", el Ejecutivo buscará "establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, a través de la modificación de la Ley N° 31541"; "consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público"; y "establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible"; entre otros.
En cuanto a "seguridad y defensa nacional", el Gobierno modificará "el Decreto Legislativo N° 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno"; "crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional"; "modificar las normas de organización de las Fuerzas Armadas con el objeto de incluir la competencia en ciberdefensa".
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