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La Defensoría del Pueblo rechazó la aprobación de la norma aprobada por el Congreso, debido a que "contraviene a la Constitución y no está alineada con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Currículo Nacional de la Educación Básica y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral".