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La Defensoría del Pueblo se pronunció en redes sociales y expresó su preocupación por la inclusión del proyecto que cambia el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables en la agenda del Congreso de la República.

Según advirtió, este cambio de nombre desnaturaliza al MIMP y desconoce la discriminación y la violencia de género que enfrentan mujeres en todo su ciclo de vida.

La Defensoría recordó que la normativa nacional e internacional obliga al Estado a reconocer la situación que afrontan las mujeres y la necesidad de fortalecer al ente que coordina y articula políticas públicas, con énfasis en las causas y consecuencias de esta problemática.

"No debe permitirse ningún retroceso", precisó la institución a través de su cuenta en Twitter.

La sesión del pleno del Congreso prevista para mañana jueves 15 de setiembre comprende el proyecto de ley 1229, por el cual se propone declarar de interés nacional y necesidad pública el cambio de nombre del MIMP por el de Ministerio de la Familia.

Comisión aprueba proyecto

Caber recordar que el pasado 5 de julio la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que plantea declarar “de interés nacional” el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.

La iniciativa fue presentada por el congresista de la bancada de Perú Libre, Américo Gonza.

De acuerdo con el proyecto, se busca que la cartera ministerial promueva diversas medidas para la atención de las familias en general y erradicar la violencia en sus diferentes manifestaciones.

“La denominación a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables recaba de forma completa, la necesidad de generar igualdad de atención y respeto irrestricto de los derechos de todo ciudadano a ser atendido por las dependencias del Estado, siendo mayor aun la obligatoriedad de atención, cuando se trata de población en peligro, exposición u otro que lo vulnere”, se lee en el proyecto.

(Con información de Andina)

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