El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, en primera votación, el dictamen que propone la modificación de la ley del Sistema Portuario Nacional. De esta manera, la iniciativa señala que el titular de un puerto privado de uso público que cuente con habilitación portuaria puede brindar servicios de manera exclusiva.
La decisión se adoptó por 72 votos a favor, 32 en contra y cuatro abstenciones. La propuesta será materia de segunda votación transcurrido los próximos siete días calendario.
El congresista Eduardo Salhuana, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, explicó a RPP que la modificatoria en la norma garantiza la exclusividad en servicios portuarios a las empresas privadas que tengan su autorización portuaria vigente. Además, indicó que el segundo cambio es que se permitiría prorrogar por 30 años adicionales las concesiones portuarias.
"En este caso, la empresa Cosco Shipping que está construyendo el Megapuerto de Chancay tiene su autorización portuaria y por consiguiente tiene el derecho exclusivo de los sistemas portuarios vigentes", afirmó Salhuana a RPP.
La propuesta modifica los artículos 9, 10 y 11 de la ley del Sistema Portuario Nacional, pero Salhuana precisó que hubo una pequeña corrección con respecto al tema de Ositrán.
"Básicamente se ha retirado el tema vinculado a Ositrán, lo que sucede es que durante el debate se incluyó un artículo 9.4 por el cual Ositrán no tendría competencia en los puertos privados, pero hubieron objeciones fundamentadas. Ositrán hizo llegar un documento con legítimo derecho y hemos recogido esa propuesta. Por lo tanto, el numeral 9.4 ha sido retirado del dictamen final", explicó.
Controversia en el Megapuerto de Chancay
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) acordó en el año 2021 que el consorcio integrado por la china Cosco Shipping Ports Limited y la peruana Volcan Compañía Minera sería el que construiría el Megapuerto de Chancay. A su vez, brindaría los servicios portuarios esenciales en exclusiva.
Tres años después, la nueva gestión de la APN dio marcha atrás a esta decisión señalando que esto no era posible debido a que la ley establece que solo se puede otorgar esta facultad mediante un contrato, pero Cosco Shipping no tiene un contrato ni es una concesión, sino que cuenta con una licencia portuaria.
La concesionaria protestó ante el anuncio que se presenta tres años después de la emisión de una Resolución que fue de conocimiento público y no recibió objeciones por parte de ninguna entidad. Además, señalan que esta acción por parte de la misma autoridad emisora plantea preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones realizadas.
También anunciaron que están evaluando los impactos que esta medida está generando en el desarrollo del proyecto y se compromete a participar en el proceso legal correspondiente una vez que reciba la notificación oficial.