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Carlos Linares Peñaloza, quien renunció al cargo de presidente de la Junta General de Accionistas de Petroperú, tildó de "desproporcionada" la decisión del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República (TSRA) de imponerle una sanción de un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por una presunta infracción durante su periodo como titular del Directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

En un comunicado, explicó que la sanción responde a la asignación de gastos de Caja Chica por concepto de refrigerio y alimentación que fueron otorgados al despacho del presidente del Directorio durante su gestión en Cofide.

"Puntualmente, por gastos correspondientes a café, edulcorantes, frutas, entre otros, durante el periodo del 24 de marzo al 30 de junio de 2022. Es preciso señalar que esta asignación de gastos de Caja Chica venía siendo otorgada a los despachos de Presidencia del Directorio de Cofide mucho antes de mi ingreso a la entidad, por lo que no era una práctica desconocida ni mucho menos ilegal", dijo.

"Siendo así, queda claro que esta sanción no solo carece de fundamento real, sino que sobre todo es desproporcionada", remarcó el exfuncionario.

Sus cuestionamientos

Según Linares Peñaloza, anteriormente no ha querido pronunciarse sobre este proceso para no entorpecerlo, pero "ante la arbitrariedad" que se estaría cometiendo en su contra, decidió expresar su "total discrepancia" con la decisión del tribunal de la Contraloría, al considerarla "ilegal e irrazonable", además de presentar una "serie de vicios de nulidad en su breve fundamentación".

Ante ese panorama, afirmó que ha impugnado la resolución ante el Poder Judicial debido a que "existen graves vicios de motivación", ya que, apuntó, no se ha valorado sus argumentos de defensa a lo largo del procedimiento.

Otra razón por la que interpuso el recurso es el hecho de que, de acuerdo con el también economista, todas las asignaciones de gastos de Caja Chica para el Despacho de la Presidencia del Directorio "fueron aprobadas según el marco normativo correspondiente". Y, como tercer motivo, mencionó que "no se ha realizado un análisis de razonabilidad atendiendo a la falta de tipicidad y la inexistencia de un perjuicio contra el Estado".