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Ante la actual coyuntura política, expertos como el titular de la CONFIEP, Óscar Caipo, afirman que las empresas deben aprovechar en incorporar acciones que beneficien tanto a la sociedad como al país, entre ellos el incluir un capitalismo consciente, transparencia, gobernabilidad y democracia participativa. Por su parte, la premier Mirtha Vásquez, expuso ante el CADE Ejecutivos 2021, su reconocimiento ante el rol del empresariado como agente principal para construir un Perú más justo e igualitario.

Al mismo tiempo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía ha manifestado su preocupación ante los sucesos que viene presentado las instalaciones mineras e hidrocarburos en diversas regiones del país. Asimismo, la incertidumbre política y económica ha conllevado a que la sociedad no confíe en las instituciones y empresas privadas. 

Al respecto, Alfonso Garcés, Socio en Guzmán Napurí & Segura Abogados, asegura que es necesario que el Estado despliegue acciones concretas orientadas a generar confianza en el empresariado “Considerando que la inversión privada representa el 80% del total de la inversión, y esta se encuentra paralizada, es indispensable que el Ejecutivo ponga énfasis en fortalecer la institucionalidad y el respeto irrestricto al estado de derecho, generando predictibilidad y promoviendo herramientas que potencien la inversión. Se necesita pasar del discurso a la acción.”

Asimismo, sobre la necesidad de reducir o eliminar la corrupción en un contexto en el que se deben ejecutar varios millones de soles, Garcés indicó: “Existen dos formas no excluyentes para combatir la corrupción: (i) mejorando la eficiencia del servicio público, fortaleciendo la transparencia, los datos abiertos y el gobierno abierto; y, (ii) implementando programas de compliance e integridad que permitan prevenir y gestionar riesgos”.

Así como el Estado debe generar confianza para que la inversión privada mantenga un flujo de inversión, el empresariado -por su parte- también tiene una deuda pendiente con la sociedad, por ello, “debe fomentar las buenas prácticas empresariales y la participación de todos los stakeholders, así como incorporar procedimientos de control, acciones de comunicación interna transparente, alertas tempranas, indicadores de seguimiento y mejoras”, finalizó el abogado.

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