La bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso presentó una iniciativa legislativa que establece que aquellas personas que tengan sentencia por delitos de terrorismo, corrupción de funcionarios, violación, tráfico de drogas y organización criminal no puedan ser designados como altos funcionarios públicos.
En especifico, el proyecto de ley N° 184/2021-CR presentado por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez propone modificar la Ley 27594, referida a la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.
En la exposición de motivos se señala que con esta medida «se garantiza una verdadera representación de la sociedad por sus funcionarios, así como aquellos en (sic) pretendan en un futuro aspirar a estos cargos, tendrán que llevar una conducta alejada de todo hecho que pueda involucrarlos en tales delitos».
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