Procuraduría del MTC advierte de arbitrajes express a favor de empresas chinas: orientales maniatan al Estado

Aunque parezca increíble, en la actualidad existen 89 procesos arbitrales en trámite por casi S/320 millones en demandas hechas por empresas chinas, las cuales aprovecharon los beneficios que los diversos gobiernos le otorgaron para crear centros de arbitrajes y con ello estafar al Estado peruano. Ello quedó demostrado durante las investigaciones que efectúa la comisión indagadora de los contratos con las empresas chinas a cargo del legislador Héctor Valer (Somos Perú).

Como es de público conocimiento, el grupo congresal investiga la existencia de una presunta organización criminal, integrada por funcionarios y servidores públicos, personal de confianza, ubicados estratégicamente dentro de la organización legal del poder Ejecutivo, con la finalidad de facilitar la obtención de la buena pro a las empresas constructoras chinas, en los procesos de selección de obras y servicio para ejecutar carreteras y puentes, convocados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),Provías Nacional y Provías Descentralizado.

De acuerdo con la información que el propio MTC proporcionó al Congreso de la República, existen 89 procesos arbitrales en trámite, cuya cuantía demandada por las empresas orientales es de S/318,296,746.99.

Esta situación desfavorable para el Estado peruano se produjo debido a que desde el gobierno de Martín Vizcarra se transfirió la formación de los centros de arbitraje que tenía a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),a la Dirección Nacional de Conflictos y Arbitrajes que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sin que hasta hoy se hayan regulado sus funciones.

Según la información, asimismo, que suspendan los efectos de la denegatoria de ampliación de plazo excepcional y que se ordene al MTC restablecer y mantener el contrato.

Son 34 procesos arbitrales que se tramitan o tramitaron en diversos centros arbitrales, como por ejemplo en el Centro Nacional para la Resolución de Disputas (CENARD),Centro de Arbitraje y Conciliación para la Paz (CECONP),Centro de Arbitraje JAKAM, Red Nacional de Arbitraje (RENA),Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards (CIARD),Organización y administración de procesos arbitrales con transparencia SEARPAX, Tribunal Arbitral de la Corte Interamericana de los Derechos (TACIDH),entre otros.

Empresas denunciadas

Asimismo, se han registrado unas 12 denuncias contra empresas chinas en las fiscalías de Lima y Lambayeque a empresas como Weihai Construction Group Company Limited, China Railway N° 10 Engineering Groupo Co Ltd, China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd, Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd, Pyunghwa Engineering Consultans Ltda. Sucursal del Perú, Yang Jin Jun-China Railway Tunnel Group Co. Ltd sucursal del Perú, China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú y otros por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y uso de documento falso.

También Consorcio Puentes de Ancash (China Rallway N° 10 y otros),China Civil Enginnering Construction Corporation Sucursal del Perú y Consorcio Puentes de Ancash (China Rallway N° 10 y otros) por falsedad genérica y Hao Xinwei y otros por uso de documento falso.

Arbitrajes express

Al detectar esta situación desfavorable para el Estado, por el cambio de las normas en el arbitraje, la procuraduría del MTC dirigió un oficio a Katalina Ávalos Cordero, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh),el 19 de julio 2022, en el cual se le manifestó sobre la problemática que se registra en materia arbitral, sobre todo en lo que respecta a los arbitrajes institucionales en los que participa la Procuraduría Pública del MTC para ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado.

“En el marco de nuestras funciones de defensa jurídica del Estado, hemos podido advertir la proliferación de centros de arbitraje creados de forma express, que carecen de reglamentación y lineamientos que regulan su actividad, así como la aplicación de tarifarios de gastos administrativos y honorarios fijados sin criterios objetivos y de razonabilidad con los servicios prestados”, señala el comunicado.

Según explicó la procuraduría del MTC, esa problemática obedecería a factores como la ausencia de regulación y emisión de lineamientos que desarrollen de manera clara y detallada aspectos como los requisitos mínimos para la inscripción en el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje (RENACE).

Más aún si la Resolución Ministerial N° 159-2020-JUS que aprueba los lineamientos que regulan el referido registro, señala que este es un instrumento meramente declarativo y la inscripción en el mismo es actualmente voluntaria, no obstante, no se establecen los criterios mínimos para la inscripción, como por ejemplo contar con un reglamento con disposiciones claras sobre el trámite de los casos arbitrales y la elección de los árbitros.

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