El Poder Judicial rechazó la solicitud de tutela de derechos de la fiscal suspendida Patricia Benavides que presentó el 6 de febrero. La ex fiscal de la Nación está bajo investigación por presunto delito de organización criminal y otros, en perjuicio del Estado. Es por esto que deberá entregar su celular al Ministerio Público como parte del proceso.
“Declarar infundada la solicitud de tutela de derechos presentada el 6 de febrero de 2024, por la defensa de la señora Patricia Benavides Vargas, interpuesta en la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado (Código de Digitalización N.° 0000013242-2024-EXP-JS-PE)”, dictaminó.
A principios de año, el Ministerio Público solicitó a Patricia Benavides, como parte de las investigaciones en su contra, la entrega voluntaria de sus dispositivos celulares, sin embargo, se negó a entregar sus equipos hasta que las autoridades le aclararan específicamente qué buscaban. Dada la situación, la fiscal suprema Delia Espinoza estableció un plazo para la entrega de los dispositivos entre los días 25 y 26 de enero.
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Tras la decisión del Poder Judicial, la fiscal suspendida Patricia Benavides deberá entregar sus dispositivos celulares sin excepción con el fin de continuar las investigaciones sobre una presunta organización criminal que habría estado activa dentro del Ministerio Público.
Estos son los argumentos que presentó Patricia Benavides ante el Poder Judicial
- La Fiscalía no proporcionó información detallada sobre por qué necesitaba acceder al teléfono móvil de su cliente.
- Se alegó que la falta de claridad por parte de la Fiscalía constituía una violación de sus derechos, incluyendo su derecho a la intimidad, al debido proceso y a la defensa.
- Para proteger estos derechos, hizo caso omiso a la solicitud del Ministerio Público para acceder a su teléfono móvil.
- Este curso de acción se tomó con el fin de evitar que se continuara violando sus derechos mientras se resolvía la situación legal.
- La solicitud de tutela de derechos se basó en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la ex fiscal de la Nación en medio del proceso judicial en curso.
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