El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay ha presentado el Proyecto de Ley Nro. 7348, “que garantiza el principio de reserva y propone mejoras para su aplicabilidad” y “propone modificar los artículos 472, 473, 475 y 476 del Decreto Legislativo Nro. 957, del nuevo Código Procesal Penal”.
Asimismo, pretendiendo “que se prohíba toda filtración de la identidad y/o declaración del colaborador eficaz en los medios de comunicación, a fin de garantizar la real reserva de la colaboración. Caso contrario, el fiscal a cargo del procedimiento especial de colaboración será el único responsable funcional de dichas filtraciones, iniciándoseles los procedimientos disciplinarios correspondientes”.
Asimismo, propone tipificar el delito de difusión de información del proceso de colaboración eficaz. “El que estando comprendido en una investigación penal proporcione o difunda información de carácter reservado proveniente del proceso especial de colaboración eficaz a cualquier persona o medio de comunicación, perjudicando los fines de la investigación en la colaboración, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.
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Entre los coautores del absurdo proyecto están los congresistas Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Flores, Raúl Doroteo y Luis Aragón, todos ellos investigados por la presunta red criminal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el caso de “Los Niños”.
El proyecto de ley no es otra cosa que una “mordaza encubierta”, al tipificar el delito de difusión de información del proceso de colaboración eficaz, buscando así evitar que la información de interés público –comprendida en un proceso de investigación vía colaboración eficaz– llegue a la opinión pública; inclusive se amenaza al sostenerse que de difundirse un determinado proceso, por ejemplo, de corrupción, a los medios de comunicación social, el fiscal a cargo podría afrontar cargos administrativos y penales, incluso si no es éste quien los transmite. Lo mismo podría suceder con quien esté comprendido en una investigación y comparta la información a un periodista.
Lo más absurdo del proyecto es que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio; pareciera que el congresista Cordero o quien redactó el proyecto de ley se olvida que gracias a la prensa han salido a la luz toda la maraña de corruptela existente en nuestro país, han tenido que renunciar desde presidentes del Consejo de Ministros hasta ministros de Estado, y se le han abierto proceso a una serie de congresistas.
De aprobarse el referido proyecto de ley, el perjudicado será el televidente, lector o radioyente, ya que no podrá enterarse de informaciones de interés público que comprende a funcionarios públicos.
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