La reforma de la denominada administración de la justicia en nuestro país es un tema histórico y de larga data que cada cierto tiempo, bajo determinadas circunstancias, se le otorga una importancia temporal interesada, como acontece en muchos otros aspectos relacionados al normal desarrollo de nuestra vida institucional cotidiana, dependiendo de la coyuntura política en la que nos encontremos y los intereses soterrados que pueden mediar al respecto, más allá si existe o no un serio interés de los gobiernos para reformar nuestro sistema de justicia.
Gobiernos anteriores
Todos y cada uno de los gobiernos anteriores como también los más recientes, sin excepciones de ninguna naturaleza y bajo distintas circunstancias y regímenes, siempre han tenido en la mira como bandera de su política hacer anuncios sobre la necesidad de reformar la administración de justicia, se supone para hacerla más dinámica, factible, expeditiva y asequible al común de los ciudadanos, que es la razón principal de todo sistema de justicia como órgano rector en cualquier nación.
Sin acceso a la justicia, la democracia como se preconiza no existe, en razón a que se trata solo de un anuncio que en realidad esconde la fortaleza de los poderes que pueden existir en una sociedad.
Desafección de la justicia
La desafección de la justicia es uno los peores males que puede afectar a una sociedad en particular. Lo señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuando refiere que entre los años 2021 y 2022, el 78.5% y 71.5% respectivamente de la población desconfiaban tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
Una animadversión poblacional casi masiva de los mismos ciudadanos sobre el rol que desempeñan dos de las instituciones más representativas de la administración de justicia en nuestro medio.
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Una evidencia palpable de los ciudadanos comunes que perciben que el sistema de justicia por distintas razones no se encuentra a la altura de las circunstancias y exigencias sociales que implica una colectividad humana que confronta toda una serie de cambios y profundas transformaciones.
Una mezcolanza y revoltijo entre la gran corrupción, los privilegios, la aplicación de mínimas sanciones y una impunidad clamorosa y escandalosa, como parte de un menosprecio de parte de algunas autoridades al propio estado de derecho y porque no señalar a la misma democracia.
Reforma a los reformadores
Me refiero a las iniciativas surgidas en estos días para reformar la justicia, que por un lado, proviene ni más y menos que del mismo Poder Ejecutivo a través del portafolio correspondiente, que convoca al llamado Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por nuestra primera mandataria como símbolo de la reforma; y de otro lado, otras iniciativas surgidas de otro poder del estado como el Congreso de la República, en las que ni ellos mismos se ponen de acuerdo respecto a una confrontación de intereses en los que parece que más priman los intereses personales o partidarios frente a la posibilidad de un gran cambio en la justicia.
Hablamos de reformas provenientes de sectores interesados en recurrir a las transformaciones judiciales no para beneficio de las grandes mayorías, sino para auto protegerse ellos mismos frente a las eventualidades de tener que responder por graves acusaciones ante la administración de la justicia.
Sociedad civil ausente
Llama la atención que frente a una iniciativa de tanta trascendencia e importancia que involucra a toda la sociedad peruana en su conjunto y sin excepciones, no aparezca algún tipo de convocatoria o invitación a la sociedad civil como el actor más importante y al que debe en última instancia la razón de existir al mismo sistema de justicia.
Debería haberse invitado en igualdad de condiciones como se convoca a todos los representantes de las instituciones que tienen relación con el sistema de justicia, a los representantes de la sociedad civil personificados en las asociaciones de articulares, los gremios de profesionales, los representantes de las universidades públicas y privadas, que son las únicas entidades que pueden trasmitir sus opinión no solo como ciudadanos, sino como justiciables, demandantes, litigantes, denunciantes, peticionarios o agraviados.
El sistema de justicia es una de las columnas vertebrales de las aspiraciones de los ciudadanos, no solo respecto a dirimir todo tipo de controversias si no el mejor solvente para defender sus derechos frente a los abusos devenidos de distintos sectores.
Sistema cerrado
No convocar a la sociedad civil en los términos señalados es un error que no solo desmerece cualquier iniciativa, sino que pone en evidencia que la reforma de la justicia aparece encerrada en un mismo círculo vicioso integrado solo por las mismas instituciones que requieren ser reformadas.
Cuando nos referimos a la presencia de un sistema cerrado de reformas, por más loables que puedan ser todos los anuncios que se hacen al respecto, de todas maneras aparecen suspicacias en relación a si en efecto se trata de una reforma seria y concienzuda que requiere una mayor apertura, o por el contrario, lo que se busca es solo distraer o entretener a la población sobre problemas o decisiones graves que por su naturaleza aquejan a todo el sistema de justicia y que requieren que por razones políticas se necesita que pasen desapercibidas.
Hablamos de los intereses políticos que merodean en torno a la administración de justicia, y que son ajenos a cualquier intento de reforma seria.
Corrupción política
En un país en donde la corrupción marca el rumbo de los acontecimientos es imposible que cualquier reforma, sobre todo de la administración de la justicia, aparezca ajena a los intereses que siempre encierra la corrupción sobre todo la que esconde intereses políticos o partidarios.
No hablamos de cualquier clase de corrupción, sino de aquella que se desenvuelve en las altas esferas del poder frente a la cual resulta difícil hacer diferencias entre legalismos, abuso de poder, mal ejercicio del derecho y la politización de la misma justicia.
Reformulación de justicia
Como sabemos, la presencia de casos de corrupciónproveniente de las altas esferas del poder en los últimos años, ha tenido una particular trascendencia en el sistema de justicia con la presencia de una serie de modificaciones que han sido trascendentales respecto a todo el sistema de justicia, que serían largos de enumerar, entre los que destacan: se modificó de manera sustantiva el Código Procesal Penal respecto a los plazos para investigar; se reformuló el esquema de colaboración eficaz para que se acojan a este beneficio las empresas investigadas por corrupción; se trastocó los principios que sustentaban la política de estado para la cancelación de las reparaciones civiles, concediendo prerrogativas excepcionales para los que son procesados por corrupción y otros delitos graves. La pregunta es si una reforma como la anunciada es solo para delitos comunes o también abarca para los casos de corrupción.
Separación de poderes
Cualquier fórmula relacionada con una reforma del sistema de la justicia, implica evitar cualquier tipo de injerencia o interferencia de un poder del estado sobre los mandatos que corresponden al otro.
El razonamiento es que un poder no puede estar sobre el otro, porque hacerlo suscita un desequilibrio entre los poderes que integran el estado que se caracterizan por su autonomía.
En otras palabras, reformar el sistema de justicia por iniciativa del poder que ejerce la gobernación, implica una injerencia de dicho poder sobre el que tiene entre sus funciones más importantes la de administrar la justicia, con mayor razón cuando muchos de los que han sido parte del mismo poder que se atribuye dicha prerrogativa, por una u otra razón, han terminado sometidos a lo que ha tenido que decidir en última instancia la administración de justicia.
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