¿Cómo observa los nuevos detalles que se han conocido del caso de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides?
Se le acusa de liderar una red criminal que habría cometido delitos como tráfico de influencias, cohecho y usurpación de funciones, durante el tiempo en que se desempeñó como fiscal de la Nación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, por cuanto habría supuestos intereses y disputas dentro de la misma institución fiscal, que ameritan apreciar la investigación con pinzas, en la medida que existen ciertos sectores que están enfrentados por la conducción de esta importante entidad pública, aparentemente dirigidos por intereses políticos, que habría incluso tenido un impacto en la Junta Nacional de Justicia (JNJ),en donde, a mi criterio, se precipitaron las decisiones en contra de la fiscal. Esto tiñe la investigación con un matiz aparente de intereses y contaminación por direccionamiento político. Hay que observar el desarrollo de las investigaciones fiscales con prudencia y sin precipitaciones ni favoritismos de ninguna índole.
Benavides fue puesta en jaque por conversaciones de WhatsApp, pero el celular del cual salieron esos supuestos mensajes no ha sido encontrado. ¿Al no haber pruebas la fiscal debe volver a su cargo?
No se puede dejar de apreciar que son situaciones anómalas en una investigación, por cuanto para una prueba pericial de esos chats, se requiere ubicar el origen y fuente de donde se adquirió el material probatorio. Tratándose de este tipo de prueba, se entiende que debe colocarse dentro de una estricta cadena de custodia que permita salvaguardar el material de prueba, que dicho sea de paso, viene con deficiencias, por la falta de fuente. Esta situación la tendrán que determinar especialistas en pericias informáticas, para dar certeza probatoria, pues, caso contrario, opinar sobre chats sin origen ni fuente, es sumamente delicado.
Como abogado, debo analizar el carácter probatorio desde una progresividad, es decir, una evolución de la prueba, pues solo así podríamos hablar de escenarios de sobreseimientos o de continuación de la investigación fiscal. Sin embargo, la decisión del retorno de la fiscal Patricia Benavides a su puesto no pasa por escenario penal, sin restarle importancia; esta es una decisión que tendría que evaluarse desde la esfera administrativa de acuerdo a la magistratura que ella ostenta. Las medidas cautelares podrían ser otras alternativas e inclusive, las acciones constitucionales en caso que se advirtiera vulneración de derechos fundamentales.
¿La JNJ actúo reactivamente contra la fiscal Patricia Benavides? ¿Qué sanción podría caber contra los magistrados de la JNJ?
Si, definitivamente. Fueron decisiones precipitadas, cargadas de subjetividades y, sobre todo, para satisfacer ciertas exigencias que responden a otros intereses; que responden a muchas manos y a disputas de poder. Definitivamente, la JNJ desencadena acontecimientos que algunos sectores políticos exigían, pues no es ningún secreto que, en los últimos años, cierto sector del Ministerio Público ha venido utilizando sus capacidades, en cierta forma y en algunos casos, para neutralizar intereses opuestos a políticas oficialistas, lo que ha generado la desconfianza de la población en esa entidad del Estado.
El abogado de la JNJ, Samuel Abad, ha señalado que la investigación a Benavides es por falta disciplinarias y no por delitos, ¿Está Ud. de acuerdo con dicho análisis?
Respondiendo a su pregunta, es importante precisar que el Tribunal Constitucional (TC) tiene pendiente resolver la contienda de competencia entre la JNJ y el Ministerio Público (MP) en el caso de la fiscal Benavides, contienda que se genera a partir del proceso disciplinario que la JNJ abrió contra Benavides por presuntas faltas graves; esto debido a que la fiscal cuestionó la competencia de la JNJ para investigarla, argumentando que es el MP el que tiene la competencia para intervenir a través de sus órganos disciplinarios. Por esta razón, la última palabra la tiene el TC. Sería prematuro emitir una opinión en la medida que esta contienda de competencia va a tener repercusiones tanto en el MP como en la JNJ, pudiendo generarse tensiones entre ambos.
También se ha denunciado que Benavides tenía un ‘topo’ en el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder. ¿Hasta dónde pueden llegar las investigaciones?
Si tenía un supuesto ‘topo’ en ese equipo de fiscales la corrupción del poder, esto debe ser materia de prueba, más aún si proviene este dicho de un informante eficaz, en la medida que todas estas afirmaciones tienen que ser contrastadas con medios de prueba que permitan la verificación y la verosimilitud, pues esto no puede quedar en el simple dicho del colaborador o informarte eficaz; solo con la corroboración y verificación de la información con otras pruebas, un aspirante puede convertirse en colaborador eficaz.
En otro ámbito, el presidente del Poder Judicial (PJ),Javier Arévalo, se ha pronunciado contra la propuesta de que el Congreso nombre a jueces supremos. ¿Está usted de acuerdo con el PJ?
La República peruana se sostiene en el equilibrio democrático que se consigue por la separación de los poderes del Estado. El Poder Legislativo no puede designar a los integrantes del PJ, pues la autonomía de estos poderes lo impide, al menos en la estructura del Estado peruano. La independencia del PJ y la independencia del órgano encargado de designar a los jueces y fiscales es una garantía de la recta administración de justicia, y una administración de justicia recta tiene como consecuencia positiva la gobernabilidad y la estabilidad jurídica de un país.
CAL, referente de opinión jurídica
Como candidato al Colegio de Abogados de Lima (CAL),¿qué propuesta tiene para mejorar la calidad de jueces y fiscales?
El CAL tiene que recuperar asiento en la JNJ y en la Oficina de Control de la Magistratura, para poder ejercer su rol de ente especializado y objetivo, como referente de consulta y opinión jurídica. Asimismo, el Colegio de Abogados tiene que impulsar y jugar un rol activo ante la Academia de la Magistratura, por cuanto el CAL tiene que ofrecer espacios importantes de capacitación permanente a nuestros jueces y fiscales; prepararlos para administrar justicia, puesto que no olvidemos que antes de ser jueces y fiscales son abogados y están bajo la esfera de protección profesional y complementaria del CAL hacia sus agremiados. Propongo una estrecha relación del CAL con los abogados que ejercen cargos en la magistratura y cerrar la brecha que separa las labores de la magistratura y de los profesionales de la abogacía.
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