La presidenta Dina Boluarte continúa en el ojo del huracán, pero esta vez no por su gestión como jefa de Estado, sino cuando prestó servicios al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Un reportaje del dominical Panorama reveló que la mandataria exigió casi medio millón de soles como pago de beneficios laborales y sindicales, proceso legal que inició en 2020.
Boluarte Zegarra ingresó a trabajar al Reniec como jefa encargada de la Oficina Registral Surco-Higuereta en 2007, y en 2015 fue promovida. Sin embargo, en mayo de 2021 solicitó una licencia sin goce de haberes para iniciar su campaña política con Perú Libre.
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Tras no alcanzar los votos para ocupar una curul en el Parlamento, pidió un pago de S/ 428,905, y según el documento, esto incluye desde los taxis que usaba para dirigirse a su centro de laborales hasta canastas navideñas, los cuales ella considera como ‘beneficio’ por haber trabajado tantos años en la mencionada entidad.
Pese a que en noviembre de 2021, cuando era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el régimen del golpista Pedro Castillo, hubo una audiencia de conciliación, la jefa de Estado se negó a llegar a un acuerdo con el Reniec.
Poder Judicial a favor de Dina Boluarte
Sin embargo, cinco meses después, el Sexto Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió una sentencia a favor de Boluarte. La institución del Estado debía pagarle S/ 300,000, y este monto era por los siguientes conceptos:
- S/ 140,390 por gratificaciones, vacaciones no gozadas y una indemnización vacacional.
- S/ 60,432 por concepto de CTS.
- S/ 84,151 por beneficios sindicales, pese a que no era una sindicalista formal.
Esta resolución fue apelada por el Reniec al considerarla ‘inadecuada’. Pero, si pensaron que ahí terminaba todo, no es así. Meses después, el Poder Judicial le dio la razón a la presidenta Boluarte, esta vez el mono de S/ 239,674, y está también volvió a ser apelada.
El procurador general del Reniec, José Espinoza, calificó el pago como ‘excesivo e injustificado’ porque sería un gasto para el propio Estado, del cual ella es jefa. Actualmente, la apelación está en la Corte Suprema a la espera de una nueva resolución.
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