En un pronunciamiento, la Coordinadora Republicana, con respaldo de excongresistas, exministros y periodistas, así como también de generales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y Policía Nacional del Perú (PNP),entre otros, señaló que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han violentado la Constitución Política, la legislación electoral y prácticas precedentes, por lo que exhortan restablecer la confianza en el organismo constitucional.
Según expresaron, conscientes de que las elecciones transparentes son el camino democrático, a fin de «desechar gobernantes autoritarios», es «imprescindible que las autoridades electorales gocen de la máxima confianza ciudadana».
En esta línea, expusieron que las decisiones del JNE, las cuales -sostienen- permitieron, por ejemplo, la postulación al Congreso por Somos Perú del vacado exmandatario Martín Vizcarra, violentaron el espíritu y la letra de la Carta Magna, la legislación electoral y prácticas precedentes.
«ADVERTIMOS, con pesar, que a menos de dos meses de los comicios, las decisiones, en mayoría, del Jurado Nacional de Elecciones -particularmente las que permitieron la participación del ex Presidente Martín Vizcarra- han violentado el espíritu y la letra de la Constitución Política, la legislación electoral, así como las prácticas precedentes», se lee en la carta.
«Bajo el disfraz de una postulación al Congreso se ejecuta una campaña presidencial, que tiene todos los visos de una relección prohibida», añade.
Enseguida, indicaron que deploran las denuncias sobre favoritismo, parcialidad y «otras irregularidades» dentro de dicho organismo. En este sentido, solicitaron la inmediata indagación de los hechos luctuosos y sus sanciones y exigieron la renuncia de aquellas personas vinculadas al mandato anterior, a fin de «garantizar elecciones limpias».
«Deploramos las denuncias sobre favoritismo, parcialidad, cambio de votaciones, resoluciones amañadas y otras regularidades dentro del JNE. Las elecciones ya no serían la expresión de la voluntad popular que legitima a las autoridades democráticas. Resulta inaudito el control absoluto del Presidente, merced al voto dirimente, por ausencia del representante del Colegio de Abogados. Igualmente llama a sospecha la reciente contratación de asesores que trabajaron para Vizcarra en su comisión de Reformas Políticas. El sesgo político de estos funcionarios afecta el principio de imparcialidad, que debe regir al máximo órgano electoral», explica.
«Demandamos la inmediata investigación de estos hechos luctuosos y las sanciones del caso, por las autoridades competentes. Solicitamos que el Pleno de la Corte Suprema de la República retire a su representado ante el JNE y designe, en su lugar, a la Vocal accesitaria. Y, de inmediato, se pida la renuncia de todos aquellos que tienen vinculaciones con el Gobierno anterior, para restablecer la confianza en el Supremo Tribunal Electoral y garantiza elecciones limpias», agrega.
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