La modalidad ‘Gobierno a Gobierno’, usada en el mandato de la presidenta Dina Boluarte para obras millonarias del Estado, genera la demora en trabajos de infraestructura e impide investigar indicios de corrupción, advirtió Elías Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC).
“Los congresistas tienen que fiscalizar que el Ejecutivo no dilapide los escasos recursos y emitir una ley que prohíba los convenios de Gobierno a Gobierno y que dicho mecanismo pueda utilizarse solo en caso de que en el Perú no exista la tecnología necesaria para obras tan complejas“, precisó.
Explicó que esto fue justificación para la Línea 2 del Metro de Lima y el satélite Perú Sat en el periodo del expresidente Ollanta Humala.
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“Se utilizan para casi todo tipo de obras públicas, sin tener en cuenta un sobrecosto del 8 % pagado por el Estado peruano a otro extranjero, sin que este aporte un solo sol”, indicó.
Citó el caso de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) sucursal Perú a la que el Ministerio de Educación adjudicó –bajo la modalidad G2G con Reino Unido– la construcción de cuatro escuelas Bicentenario por S/ 320 millones, pese a estar investigada por corrupción en la Fiscalía.
Recordó también el caso de algunos contratos G2G con Francia suscritos con la empresa Egis, inhabilitada desde el 2 de marzo del año 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejercer sus actividades hasta el 2 de enero de 2027 por prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.
En el Perú la compañía en mención está a cargo de la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa que daría acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.
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