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Luego de haber aprobado el inicio de diligencias contra Marien de la Rosa, por el simple hecho de haber cambiado a la relatora de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, ahora Aldo Vásquez sostiene que esta instancia debe reponerlo como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema tiene responsabilidad histórica sobre cautelar de miembros de la JNJ”, tuiteó el inhabilitado abogado.

Como revelara EXPRESO, el organismo que designa, ratifica o sanciona jueces y fiscales, la emprendió contra De la Rosa por un tema netamente administrativo. Fuentes del Poder Judicial señalaban que esto era una especie de precaución para presionar a la magistrada, ya que las apelaciones a las demandas de amparo llegan a esa instancia.

Aldo Vásquez asegura que no respetaron el debido proceso

Según Aldo Vásquez, él e Inés Tello fueron inhabilitados por el Congreso, sin respetar del debido proceso, y sin causa objetiva. La Primera Sala Constitucional de Lima les dio una medida cautelar para que regresen a sus cargos, mientras se resolvía el tema de fondo.

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Sin embargo, se reveló que Oswaldo Ordóñez, presidente de ese colegiado, había sido beneficiado por los demandantes, con el archivo de un proceso disciplinario, y la ratificación como juez superior.

Tendría que estar a la altura de sus deberes ante la historia del Perú”, agregó Vásquez. De esta manera, se refirió a que el Tribunal Constitucional validó su inhabilitación hasta que el Poder Judicial resuelva el tema de fondo en la demanda de amparo.

CAL reclama debate

Por otro lado, el decano del CAL, Raúl Canelo, pidió que el Congreso escuche la opinión de su gremio sobre el proyecto de ley que elimina la JNJ.

“Se ha invitado a algunos abogados, individualmente, pero no ha llamado a los interesados directos, a los que representamos a los más de cien mil abogados de Lima”, sostuvo respecto al debate en el Congreso de la República.

En Radio Nacional, el letrado resaltó aspectos a corregirse en la propuesta de Gladys Echaíz para instalar una Escuela de la Magistratura. Uno sería que se cree un Consejo de Coordinación Institucional del Sistema de Justicia sin participación de la sociedad civil.

A Vásquez y a Tello se les inhabilitó por infracción a la Constitución Política. El Congreso consideró así el haber mantenido a la magistrada de 78 años, cuando el máximo es 75.

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