El equipo legal del Partido Aprista peruano (PAP) rechazó rotundamente la resolución judicial que autoriza el levantamiento de las comunicaciones de dos teléfonos pertenecientes a Alan García. Los artefactos incautados por el Ministerio Público fueron recogidos durante la intervención a su vivienda en Miraflores el mismo día en que se autoeliminó.
Aquel lejano miércoles de cenizas en que, muy temprano por la mañana, los fiscales entraron en la casa del expresidente es una marca dolorosa para todos los seguidores de la estrella roja. Ese mismo 17 de abril de 2019, los fiscales obtuvieron ambos móviles.
El abogado Erasmo Reyna alegó que, desde el APRA, iniciarán acciones legales en contra de la resolución del juez Leodán Cristobal Ayala, quien declaró fundado el requerimiento del despacho del fiscal José Domingo Pérez que pedió la apertura del secreto de las comunicaciones.
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Para el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien fungió el cargo durante el segundo gobierno de Alan García, el dictamen del representante del Poder Judicial es “inconstitucional”.
Toda la investigación rodea a los investigados por el caso Metro de Lima, cuyos vínculos con Odebrecht acercaban al expresidente y a su exministro Luis Navay otros más.
“Acá lo que se está buscando es ventilar públicamente todas las conversaciones de Alan García, y hacer de cada conversación un espectáculo político, donde se va a tratar de involucrar no solamente a políticos, sino también a abogados, familiares, gente del mundo empresarial que tenían comunicación con Alan García porque se trataba de un expresidente”, señaló Aurelio Pastor.
Ministerio Público aclara inclusión de Alan García
Mientras que para la Fiscalíaes un punto crucial obtener la información señalizada en la resolución. Según el magistrado Cristóbal Ayala, la resolución emitida el 11 de marzo es “idónea, necesaria y proporcional”.
Para el letrado, Alan García fue incluido en la investigación y aclaró que no se busca información pertinente al fuero íntimo del exmandatario.
“Los equipos celulares incautados podrían contener elementos de convicción que coadyuven a esclarecer hechos máxime si se investiga presuntos hechos de lavado de activos a través de empresas off shore vinculadas a la empresa Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera”, agregó.
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