En un hecho histórico, 567 ciudadanos peruanos presentaron una denuncia conjunta contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, por haber puesto el Ministerio Público al servicio de la ONG IDL, cuyo vocero Gustavo Gorriti decía que la corrupta Odebrecht era “una empresa rehabilitada”.
“Se está pidiendo a la Junta Nacional de Justicia que actúe por lo que ha salido en [el programa televisivo] ‘Beto a saber’, lo de Romina Mella haciendo de asesora de Sánchez, lo dicho por Jaime Villanueva que se ha podido corroborar, de un manejo político en los casos de Lava Jato”, explicó a EXPRESO el abogado Wilber Medina.
“Es la primera vez que tantas personas se autoconvocan para exigir a la Junta Nacional de Justicia, que debería actuar con celeridad, la misma que mostró con Patricia Benavides, pero en esta ocasión por indicios”, añadió.
La semana pasada se difundieron chats de Telegram entre Mella, mano derecha de Gorriti en IDL, hablando a nombre de Sánchez Velarde para coordinar reuniones con Deltan Dallagnol. Este personaje era el fiscal de Brasil encargado de investigar a Odebrecht, OAS y demás constructoras.
“La Junta Nacional de Justiciatiene celeridad contra algunas autoridades, pero tiene absoluta lentitud contra otros, o simplemente hace caso omiso a la noticia criminal. En el caso de Patricia Benavides, por un chat y por un dibujito la suspendieron”, sostuvo el letrado.
“Acá se ha revelado con documentos, evidencias objetivas de que el señor Sánchez privatizó la Fiscalía a favor del IDL, sin embargo no hacen absolutamente nada cuando la señora Mella se tomaba atribuciones de funcionaria pública y le coordinaba reuniones al más alto nivel al señor Sánchez”, cuestionó.
Como se sabe, la referida ONG también es litigante en casos dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo cual el denunciado funcionario supremo habría incurrido en delito.
¿Qué escribió Mella?
“La Fiscalía del Perú está organizando una conferencia internacional sobre corrupción y lavado de dinero personificada en el caso Lava Jato desde la perspectiva de la investigación fiscal, pero también con la participación de periodistas de investigación; las autoridades peruanas, especialmente la Fiscalía General de la Nación, están muy ansiosas por invitarlo como orador”, le escribía Mella por Telegram a la autoridad brasileña, como si lo hiciera a nombre de la Fiscalía de la Nación peruana.
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Medios de comunicación vinculados al delincuente José Graña, quien confesó haber sido cómplice de Odebrecht, no difundieron este destape. Solo EXPRESO y otros sectores lo hicieron.
“Ha pasado jueves, viernes, sábado, domingo y lunes sin que el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y la JNJ no hagan absolutamente nada. Por eso, una cantidad importante de ciudadanos nos hemos organizado y se ha redactado este documento muy sencillo, pero concreto. Los elementos de prueba son públicos”, explicó Medina.
Entre los cientos de firmantes de esta denuncia figuran el héroe de la Pacificación y exmiembro del GEIN José Luis Gil; los exministros Ismael Benavides, Luis Gonzales Posada y Rafael Rey; el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; la secretaria general del Apra, Belén García; el exdecano del Colegio de Abogados de Lima Martín Belaunde; y el penalista Luis Pacheco Mandujano, entre otros.
“Creemos que lo informado es suficiente para motivar una investigación por parte de la Junta, porque la noticia criminal ya es pública y está alojada en la web. Todo el mundo lo puede ver. Son documentos que han venido de Brasil, donde se ha bajado toda la información que han tenido todos los fiscales con sus pares peruanos. Ahí nos hemos dado con estas sorpresas, que son solo un mínimo, porque son siete teras de información”, continuó Medina.
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