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La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que dispuso anular una resolución del último 9 de mayo que ordenaba la expulsión del país de Paulina Facchin, un activista venezolana por los derechos humanos que reside en Perú hace 11 años y denuncia una persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro.

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A través de un comunicado publicado anoche en su cuenta oficial en Twitter, Migraciones refirió que tomó la decisión tras revisar el recurso administrativo presentado por la ciudadana extranjera.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones informa que, como producto de la revisión del recurso administrativo presentado por la ciudadana Paulina Facchin Arp, mediante Resolución Directoral N. 000031-2022-DRCM MIGRACIONES, se determinó declarar nula la resolución del 9 de mayo de 2022 que ordenó su expulsión”, manifestó.

Según la entidad, la nulidad de la orden contra Facchin obedece, entre otros aspectos, a que “al emitirse la resolución de expulsión, no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario”.

“La actual gestión de Migraciones garantiza el respeto a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la Constitución y las leyes“, finalizó el pronunciamiento.

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Como se recuerda, Paulina Facchin denunció que afronta una “cacería de brujas” luego de que Migraciones dispuso su expulsión del Perú y con un impedimento de ingreso por 15 años.

“En tierras peruanas, pese a estar lejos del régimen venezolano, he sufrido persecución, hostigamiento público, se han hecho las denuncias públicas. Yo he tenido a agentes del chavismo afuera de mi casa tomando fotos no solamente a mí, sino también a mi hija siendo menor de edad, y las publicaban en televisión nacional en Venezuela”, reveló en una entrevista.

Aseguró que todo inició cuando pidió su nacionalidad por naturalización en en el 2018 y sufrió de arbitrariedad. De acuerdo a Facchin, Migraciones le indicó que había mentido con respecto a su trabajo, sin embargo, ella mostró documentos que corroboraban su inscripción en el Colegio de Abogados del Perú.

También habrían argumentado que no tenía arraigo familiar pero, detalló, el propio organismo sí le dio el carnet de extranjería a su hija y esposo. “Ha sido una constante, al mejor estilo chavista, de persecución arbitraria, no legal”, enfatizó.

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