La corrupción sigue imparable en este gobierno, en tanto que la Fiscalía de turno en lo penal, no ve, no escucha, no interviene, no denuncia, no investiga; y lo más lamentable, no ejerce sus funciones como defensor de la legalidad y como titular de la acción penal, está obligado a intervenir de oficio, al tomar conocimiento, por cualquier medio de la comisión de un hecho delictivo. Es el caso que hace días altos funcionarios públicos denuncian delitos de corrupción y otros, que vienen cometiendo personas allegadas al entorno presidencial e inclusive deslizan que el presidente de la República podría estar involucrado en estos graves actos delictivos, como cobros para los ascensos policiales de la más alta graduación; visitas a Palacio de gobierno de personajes que están investigados por diversos delitos, e inclusive altos miembros policiales acompañados por lobista investigada; igualmente, ingreso de la ya famosa Karelim López, organizadora de fiestas infantiles –hijas del presidente de la República y quien fue su secretario general– con un costo de S/100,000.00; visitas de ganadores de licitaciones y que han tenido contacto con un personaje involucrado con los cuellos blancos; y la Fiscalía brilla por su ausencia.
El fiscal de turno en lo penal ha debido disponer una investigación preliminar a fin de actuar diligencias urgentes, necesarias e inaplazables, tales como: incautación de libros de vistitas, de computadoras donde se registren el ingreso y salida, donde laboran los altos funcionarios denunciados, videos de las cámaras de seguridad a fin de verificar los que han ingresado a estas oficinas, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, bancario y tributario, incautación de los teléfonos celulares de todos y cada uno de los personajes, tanto funcionarios, servidores públicos, particulares; sobre todo cuando las denuncias provienen de ministros y el renunciante Secretario General de la República, indicando los nombres de asesores y allegados al presidente de la República, relacionados con actos de corrupción, tráfico de influencias. Los fiscales están incurriendo en el delito de omisión denuncia, previsto en el artículo 407 del Código Penal.
La grave denuncia que se ha formulado, es lo ejecutado en contra de la Diviac –entidad policial encargada de investigar actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos–. Es inadmisible e inaceptable que el gobierno y con la intervención del más alto mando policial, se haya dispuesto la reducción de presupuesto y personal, en ambos casos; asimismo, que el personal especializado en este tipo de investigaciones y que fuera retirado de Diviac, ha sido destacado a otras dependencias –como Tránsito–. Todo indica que, al parecer, estas medidas se tomaron y ejecutaron por órdenes de personajes vinculados a los “Dinámicos del Centro”; y, qué casualidad, no revocan la comparecencia a Vladimir Cerrón, absuelven a Bermejo. ¿Se imaginan qué pasará si consiguen que se lleve a cabo la inconstitucional Asamblea Constituyente?, sobre todo, si recordamos que el presidente Castillo ha declarado que los jueces y fiscales supremos, Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, serán elegidos por el “pueblo”. Y, lo que va a suceder, es que, condenados por diversos hechos delictivos y pertenecientes a Perú Libre, plantearán recurso de revisión de sus sentencias condenatorias y los nuevos jueces los ABSOLVERÁN. Esta Asamblea Constituyente no puede ni debe prosperar. QUEREMOS DEMOCRACIA Y NO COMUNISMO.
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