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Frente al escándalo “Vacunagate”, que estalló con la inoculación secreta del expresidente Martín Vizcarra cuando estaba aún en funciones, y ante la presión de la prensa y algunos sectores, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió investigación al exjefe de Estado por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Ayer, decidió ampliar esa investigación a la exministra Pilar Mazzetti, quien también se inmunizó en secreto, le mintió al país diciendo que no sabía nada de las vacunas vip y dijo que por ser cabeza del barco Salud, sería la última en vacunarse. En ese proceso se incluye a la excanciller Elizabeth Astete, que incurrió en la misma traición al país.

No es la primera vez, aunque todos quisieran que sea la última, en que se abre una investigación a un expresidente, y exministros, que sacaron provecho de sus cargos para beneficio propio, sin importarles para nada la vida de los peruanos. El caso que afrontamos hoy es quizá el más grave, porque estamos ante la mayor crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y a estos malos personajes no les importó que el Covid-19 ya mató a más de 120 mil compatriotas y cada día siguen muriendo en cifras de espanto.

Sin duda, lo hecho es una acción inhumana, hasta criminal se podría decir, y merece la más drástica sanción. Eso dependerá de las pruebas que presente la fiscalía contra los investigados y de los jueces cuando les toque intervenir. La pregunta del millón es si el Ministerio Público y el Poder Judicial actuarán con la celeridad que el país espera para que se castigue como corresponde a las autoridades que delinquen y traicionan al pueblo.

No es la primera vez que se abre una investigación a altas autoridades que apuntan a una severa sanción y penas de cárcel. Sin embargo, pese a los años que llevan las indagaciones a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y otras altas exautoridades, hasta hoy no hay una sentencia.

Vizcarra tiene también en su haber denuncias de corrupción desde cuando fue gobernador de Moquegua, y además cuando ejerció la Presidencia de la República. Su manejo de la pandemia no solo ha sido desastroso, sino que también marcado por la corrupción en las adquisiciones que lo implican a él mismo en la compra de pruebas rápidas, que impuso durante la emergencia sanitaria pese a que todos los expertos le decían que no servían para nada, y por eso tenemos el alto número de contagios y el mayor de muertes en el mundo por millón de habitantes.

Ojalá la justicia actúe con celeridad. Que traicionó al país, se aprovechó de su cargo para vacunarse él con su esposa y hermano, y que mintió con gran cinismo, está más que probado. Que le espera la cárcel, lo dicen los abogados. Igual las exministras que actuaron de la misma forma. La pelota está en cancha de fiscales y jueces. Es hora de aplicar todo el peso de la ley.

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