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Luego de la recesión económica del 2020 causada por la pandemia, el 2021 se convirtió en un año de rebote estadístico. El PBI del 2022 se verá afectado, principalmente, por el deterioro de la confianza empresarial.

Las instituciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman un crecimiento del PBI peruano entre 4.4% y 4.6%, para el 2022.

El Banco Mundial (BM) proyectó un 3.2% de crecimiento económico para el 2022, debido al fuerte impacto del Covid-19 en el Perú. No obstante, se esperaría que esta cifra mejore en la medida que se supere la pandemia.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),consideran que la economía peruana crecería, en el 2022, 3.4% y 3%, respectivamente.

Se espera que la lenta reactivación económica, las altas tasas de inflación y la pobre recuperación del empleo observadas durante el 2021 tengan su fin en el 2022; sin embargo, la economía peruana podría sufrir una fuerte desaceleración económica en este año debido a los últimos acontecimientos políticos que, estarían alejando a la inversión privada y extranjera.

La inversión extranjera directa, una de las cuentas financieras más importantes de los países latinoamericanos, se estaría viendo afectada por la falta de protección por parte del Estado peruano. Las tensiones en el sector minero retrasarían la ejecución de nuevos proyectos mineros, lo cual perjudica al país no solo en materia tributaria, sino también en el ingreso de nuevos recursos financieros vinculados a los altos precios de los minerales.

Actualmente, el Ejecutivo se ha concentrado en plantear el aumento de los impuestos y no en solucionar los problemas de inflación, pobreza y desempleo. Aunque los ingresos del gobierno se incrementen, no asegura que las inversiones sean realizadas de forma eficiente. Esto se observa en el caso de las empresas mineras, ellas no han dejado de pagar impuestos y el desarrollo de las localidades aledañas a los campamentos mineros están a cargo de los gobiernos locales y regionales.

En este contexto, aunque se busque un óptimo crecimiento económico para el 2022, se estaría retrasando la tarea del dinamismo económico, lo cual no solo estaría perjudicando al empresariado privado, sino también la generación de empleo y, consecuentemente, al bienestar social.

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