Es más que sabido, que las inversiones son las que generan trabajo y el trabajo bienestar y elevación de los niveles de vida, ergo debería la Nación Peruana en su conjunto y el Estado en particular, ser amigables con la inversión y los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, dándoles todas las facilidades para que puedan realizar sus actividades y operaciones, siempre que cumplan con la legislación nacional y contribuyan con sus impuestos al sostenimiento del Estado.
Diríamos que estamos en competencia con casi todos los otros países para recibir inversión foránea, sobre todo en actividades para las cuales la naturaleza nos ha dotado de recursos envidiables, como son la minería, la energía, la pesca, la agroindustria y el turismo, entre otras. Pero como no somos los únicos que en el universo tenemos tales recursos, tenemos que ser competitivos y no ponernos exquisitos, puesto que si es que nos ponemos difíciles simplemente van a otros países en que puedan ser tratados de mejor manera.
Si bien en los últimos lustros, lo antes expuesto ha sido una letanía, lamentablemente quedó como simple discurso o narrativa, con mucho ruido y pocas nueces en que se llegó hasta dictar normas para expulsar del espectro legal las disposiciones que constituían barreras burocráticas irrazonables, pero insistimos floro, floro y más floro, pero sin mostrar avances sustantivos.
El actual gobernante nos anda diciendo que quiere la inversión, pero lamentablemente no puede contradecir con sus palabras a hechos en que la prevalencia de la realidad tiene mayor significado, como por ejemplo el anuncio de la premier de cerrar cuatro minas en Ayacucho o no hacer lo necesario para impedir el bloqueo de las vías de comunicaciones por las que se transporta los minerales para su exportación por los puertos del litoral.
Para ponerle música a su letra, bien podría el presidente solicitar a los gremios de las distintas actividades empresariales, que le hagan llegar sus sugerencias para destrabar inversiones y eliminar realmente las indeseables barreras burocráticas existentes.
Aclarando los conceptos, nuestra normatividad define como barrera burocrática, “la exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa”.
Sin esperar a ello, desde aquí le damos una sencilla sugerencia al presidente. El reglamento de la ley migratoria, obliga a gestionar y obtener de la Superintendencia de Migraciones, una autorización para que los extranjeros con calidad migratoria temporal, como son los turistas, puedan suscribir cualquier tipo de documentos, públicos como privados, incluso contratos.
Si un extranjero viene a constituir una sociedad, adquirir un inmueble u otorgar una franquicia, lo lógico es abrirle las puertas y facilitarle sus gestiones, en lugar de ponerle absurdas limitaciones y requisitos irrazonables y más, cuando la inversión extranjera como la nacional están sujetas a las mismas reglas y la Constitución garantiza el derecho a contratar con fines lícitos.
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