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El expediente fiscal que sustentó el pedido de allanamiento contra siete propiedades de Perú Libre y de su líder, Vladimir Cerrón confirmó que contra éste hay 116 denuncias penales, y en el caso de lavado de activos también se encuentra comprometido el primer ministro Guido Bellido.

Igualmente están implicados en este caso la vicepresidenta y ministra de Desarrollo Social, Dina Boluarte, el vocero de PL y congresista Waldemar Cerrón, entre otros dirigentes de PL, según el expediente elaborado por el fiscal de lavado de activos, Richard Rojas.

Los más graves

La solidez de este expediente hizo que el juez Juan Carlos Sánchez, del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, diera la autorización para el allanamiento de cuatro locales de PL en Lima y Huancayo, además de la casa y dos inmuebles propiedad de Vladimir Cerrón.

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El fiscal sostiene que PL fue creada por Cerrón, desde un principio, como una organización criminal dirigida a recaudar fondos con el objetivos de financiar sus campañas electorales en el 2010 y 2018, que le permitieron ser elegido gobernador regional de Junín (Gore-Junín).

Precisa que PL se enquistó en el gobierno regional y obtuvo sus recursos ilícitos con la venta de brevetes, los cupos a trabajadores contratados y los pedidos de recursos a las empresas proveedores, para lo cual también se direccionaron contratos desde el Gore.

De 10 a 20 años

A Cerrón y la alta dirigencia de PL se le investiga por cohecho, colusión y otros delitos, siendo los más graves los de lavado de activos y organización criminal, los que conllevan penas que van de 10 a 20 años, según la exprocuradora Katherine Ampuero.

El fiscal Rojas también informó, para solicitar el allanamiento, que los dirigentes de PL se han negado en forma sistemática a dar información detallada sobre sus manejos financieros durante sus campañas electorales, incluida la de este año y que llevó a la presidencia de Pedro Castillo.

El dato

El exprocurador César Azabache precisó que a Cerrón se le pueden acumular los delitos de peculado de uso y contra la administración pública por recibir custodia policial sin ser autoridad. Dijo que este caso empeora su situación legal por estar con prisión suspendida. Recordó que el asesor montesinista López Meneses fue sentenciado por un caso similar.

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