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La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Sindicato DP), Lily Ku, en entrevista con Exitosa, aseguró que el proceso congresal para la elección del nuevo defensor del Pueblo no está cumpliendo con las garantías mínimas establecidas. 

Esta declaración la brindó la dirigente luego de que el Poder Judicial (PJ) admitió la acción amparo que fue presentada por el sindicato porque se consideró que dentro del Parlamento no están siendo transparentes en dicho proceso.

“Nosotros hemos presentado esta demanda de amparo porque hemos evidenciado que el proceso congresal para la elección del nuevo defensor del Pueblo es un proceso que no cumple con las garantías mínimas que están establecidas tanto en la Constitución como en la normatividad internacional”, precisó Ku.

Además, explicó que las “garantías mínimas están referidas a la legalidad”.

“Vemos que actualmente el Congreso no está respetando el máximo de integrantes que debe tener la Comisión, que es nueve integrantes, actualmente tiene diez porque está participando ahí la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva) como miembro supernumerario”, señaló.

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De igual manera, dijo que no se ha contemplado que en el cronograma aprobado por la Comisión haya una etapa de tachas por parte de la ciudadanía, “con lo cual se garantice el derecho de todos los peruanos y peruanas a poder tener algún tipo de intervención en este tipo de decisiones”.

Así mismo, indicó que el cronograma plantea realizar esta elección en un plazo que considera es muy estrecho.

“Un plazo que denota que, para una decisión de este tipo, no se va a realizar una deliberación legislativa adecuada”, agregó la secretaria general del Sindicato DP.

Finalmente, destacó que quien asuma el cargo como titular en la Defensoría del Pueblo tiene que ser un funcionario que cumpla con determinados requisitos de trayectoria en materia de derechos humanos, que tenga solvencia ética, pero que además demuestre imparcialidad e independencia para poder cumplir con esa función.

“No puede ser un funcionario que tenga vínculos o que tenga intereses particulares, o que esté direccionado políticamente, porque entonces no va a poder cumplir con esa finalidad que es defender de manera imparcial los derechos de todas las personas”, manifestó Lily Ku.

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