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La Defensoría del Pueblo exigió a todas las instituciones competentes investigar y sancionar a los responsables de todas las muertes producidas en las últimas horas en la ciudad de Juliaca, región de Puno.

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La institución expresó su profundo pesar y condenó el fallecimiento de 17 civiles y un efectivo policial durante las protestas en dicha ciudad y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Además, lamentó el nivel de violencia que ocasionó el fallecimiento del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, quien perdió la vida al ser calcinado en el patrullero donde realizaba sus labores, así como el incendio en la vivienda del congresista Jorge Flores Ancachi, que puso en riesgo la vida de sus padres e hija.

“Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetrado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas”, señaló.

En esa línea, invocó al Ministerio Público y al Poder Judicial cumplir con su función con la debida diligencia que corresponde en estos casos, respetando la institucionalidad y separación de poderes.

“Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo”, agrega el texto.

También reiteró que el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica y que la afectación a la vida de otras personas, a la propiedad privada y pública, entre otros actos de violencia, no están amparados por nuestro ordenamiento y constituyen delito.

“Recordamos que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, respondiendo a los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, para evitar incurrir en responsabilidades”, refirió.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado de paz a la ciudadanía y a todas las entidades del Estado. “El Gobierno central y el Congreso de la República deben reafirmar su compromiso para encontrar salidas realistas y pacíficas a esta crisis en un plazo razonable”, puntualizó.

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