El pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó hoy, jueves 27 de octubre, a votación el habeas corpus presentado por Eduardo Pachas, a favor de su cliente, el presidente Pedro Castillo, que tiene como finalidad anular la investigación fiscal en contra del mandatario por el caso Petroperú.
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El procedimiento jurídico se planteó contra Norah Córdova, fiscal quien estaba a cargo de la investigación en un inicio, además de sus dos fiscales adjuntos, contra quienes presenta el cuestionamiento sobre la ejecución del allanamiento a Palacio de Gobierno en diciembre de 2021, tras conocerse vía reportaje periodístico, de una presunta concertación de una adjudicación de Petroperú, en el que estarían involucrados el jefe de Estado, la lobbista Karelim López, el exgerente general de la empresa estatal, Hugo Chávez y el empresario que se benefició con la adjudicación, Samiy Abudayeh.
“La señora Norah Córdova no lo pone ni le da ninguna categoría ni testigo ni perito (a Pedro Castillo) y pretende investigarlo”, establece la defensa legal del presidente, quien además menciona que “el caso Petroperú ha sido incluido con estas vulneraciones al debido proceso en la acusación constitucional presentado al Congreso pidiendo la vacancia. La amenaza continúa y los derechos constitucionales siguen amenazados”.
“En conclusión, nunca hubo una investigación de tipo de buscar la verdad, sino una de un ánimo de venganza política con plan vacador, que lo que buscaba era simplemente un supuesto hipotético que mi cliente es un terrorista y sacarlo del poder”, menciona Pachas en su denuncia.
CASO PETROPERÚ
La compañía proveedora de Petroperú, Heaven Petroleum Operators (HPO),perteneciente al empresario, Samiy Abudayeh, ganó en el mes de noviembre de 2021 una licitación de más de 70 millones de dólares por la compra de barriles de biodiésel.
No obstante, la licitación se anuló luego que se revelara que HPO logró hacerse con la licitación tras una presunta reunión entre Hugo Chávez, en ese entonces gerente general de Petroperú, el propio Samiy Abudayeh, Gregorio Saenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores, Karelim López, asesora y empresaria, y el presidente Pedro Castillo.
La en ese entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al mandatario por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, en el mes de abril.
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