La ministra y congresista de la República, Betssy Chávez, presentó una nueva acusación en contra de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la denuncia constitucional que impusiese la mencionada hacia el presidente Pedro Castillo. Esta vez la dirigió hacia la Junta Nacional de Justicia (JNJ),con la finalidad de destituirla de su cargo.
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La titular de la cartera de Cultura presentó un oficio dirigido hacia el presidente de la JNJ, José Ávila Herrera, en el que ha solicitado que se remueva a Benavides Vargas por presunta infracción grave y que sea apartada del Ministerio Público como medida provisional, hasta que culmine el proceso del cargo.
“La señora Patricia Benavides Vargas, estaría cometiendo falta grave ya que esta dolosa contravención de la Constitución y una resolución jurisdiccional importa una interferencia indebida en el ejercicio de las funciones de otro órgano del Estado, que está tipificada como una falta grave en el inciso 6 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal”, se puede leer en el documento de la parlamentaria de Perú Democrático.
Del mismo modo, Chávez indica que la denuncia contra el jefe de Estado no encaja en los delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, en donde se proscribe que el mandatario solo puede ser acusado por supuestos específicos.
Cabe mencionar que los delitos a los que se hace mención en el apartado de la Carta Magna son los de traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
LA OTRA DENUNCIA
El día de ayer, miércoles 12 de octubre, Betssy Chávez ya había presentado una primera denuncia contra Patricia Benavides por presuntamente haber infringido la Constitución Política, abuso de autoridad y prevaricato. Esta fue dirigida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Aparte de mencionar por igual que dentro de la denuncia de la fiscal no se contemplan los delitos del mencionado artículo de la Constitución, al presentarlo también pone “en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo el Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al Gobierno, es decir dándole una connotación puramente política a su actuación fiscal”.
Finalmente, la acusa de cometer los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por pretender “aplicar los Tratados Anticorrupción de las Naciones Unidas por supuestos indicios no corroborados, sin ninguna prueba y poniéndolo absurdamente por encima de la Constitución, con el único fin de perpetrar un golpe de Estado”.
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