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Tras casi siete años de haberse iniciado las investigaciones y tres años y medio de haberse formalizado la denuncia, hasta la fecha no se puede iniciar el juicio oral en contra del expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillen Benavides y otras 20 personas (funcionarios y empresarios) acusados del delito de colusión agravada por presuntamente haber direccionado la licitación de los estudios de la carretera Arequipa – La Joya.

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Y es que, en la víspera, el magistrado Eddy Leva Cascamayta convocó a todos los implicados en este caso para de una vez por todas instalar el juicio oral en la modalidad virtual, sin embargo, varios de ellos no se presentaron.
Los implicados adujeron a través de sus abogados, que no habían sido notificados oportunamente, tenían problemas de conexión o que estaban mal de salud, dilatando de esta manera el proceso judicial.
Tras evaluar la situación de estos, el juez determinó declarar como reos contumaces a los empresarios españoles Carlos Ríos Sánchez, Antonio Joaquín García del Villar, Emiliano Sanz Cañada e Ignacio Cerredo Villa, además del exfuncionario Víctor Manuel Mantilla Chávez.
Se dispuso que la próxima audiencia ellos asistan mediante la conducción compulsiva, ya sea por la Policía Nacional o su similar en el extranjero. La nueva audiencia fue programada para el próximo miércoles 13 de octubre.

 Sonado caso

Cabe recordar que fue en junio del 2014, cuando el Ministerio Público inició las investigaciones en contra de Guillén Benavides y los demás luego de que el ingeniero civil, Jack López, integrante del consorcio peruano – español que ganó la buena pro de los estudios de factibilidad y definitivo del proyecto vial, denunció que funcionarios y empresarios se habrían coludido para realizar los “estudios con un diseño inconveniente y costoso”.
El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción Supraprovincial a cargo del fiscal Hamilton Castro, quien logró prisión preventiva para Guillén Benavides y para sus funcionarios de confianza, Miguel Ocharán y Delfor Sarmiento.
En tanto que, en febrero del 2017, la fiscal anticorrupción, Karina Barrientos, denunció formalmente por colusión agravada al expresidente regional para quien pide 4 años y medio de cárcel, junto a otras 20 personas más.
Desde entonces el proceso se ha postergado constantemente porque los empresarios españoles reclaman que se les pueda notificar en su domicilio real en España, además que la Fiscalía incorporó nuevas pruebas al caso, entre ellas declaraciones y documentos con el aporte de colaboradores eficaces.

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