El juez Juan Carlos Checkley autorizó los allanamientos con orden de descerraje de la vivienda de la presidenta y la casa privada y su oficina en Palacio de Gobierno, así como la incautación de los relojes Rolex y una inspección al auto que compró de contado hace varios años. El juez sostiene que hay peligro de desaparición de las pruebas y no hay otra medida diferente al allanamiento. El abogado de la mandataria dice que en Palacio solo encontraron 10 relojes de bajo valor y solo les tomaron fotografías. Aquí están las razones que motivaron los allanamientos.
El asunto de los relojes de lujo de la presidenta Boluarte la ha hecho pasar las horas más difíciles en esta semana santa.
Pasadas las 11:30 de la noche del viernes, agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía y fiscales delegados por el propio fiscal de la Nación, allanaron la residencia de la presidenta Dina Boluarte en distrito de Surquillo. En razón a que nadie abrió la puerta, usaron una comba para forzar el ingreso. Cinco horas después, el equipo conjunto se desplazó a Palacio de Gobierno para allanar las oficinas y los recintos privados utilizados por la mandataria. El juez Juan Carlos Checkley del Juzgado de Investigación Preparatoria autorizó los allanamientos hacia las 5 de la tarde del jueves 28 de marzo. Boluarte es investigada por presunto Enriquecimiento Ilícito y Omisión de Consignar Declaraciones en Documentos.
Así ingresaron los agentes de Diviac a la casa de la presidenta Dina Boluarte. No les abrieron la puerta y el coronel Harvey Colchado autorizó proceder a forzarla para entrar. pic.twitter.com/D0Ab8sQ0xT
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) March 30, 2024
En la resolución que autoriza los allanamientos, el juez analiza los antecedentes que presenta en su pedido el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. El primer de ellos tiene que ver con la actitud de la presidenta y su defensa frente al pedido de exhibición de los relojes. El lunes 25 de marzo, la fiscalía tomó la declaración de Héctor Banchero Herrera, el gerente de Casa Banchero, tienda de lujo que tiene la exclusividad de la venta de Rolex en Perú. En esa diligencia participó Jorge Federico González, a pedido de la defensa, acreditado como experto en relojes de alta gama. Ese lunes la fiscalía programó para el martes 26 a las 2:30 de la tarde una diligencia de exhibición de los relojes; la defensa pidió una reprogramación de la diligencia de exhibición y de la declaración indagatoria de la presidenta que estaba programada para las 9:30 de la mañana del miércoles. Su abogado defensor Mateo Castañeda pidió reprogramación de las diligencias para dentro de dos semanas argumentando una “apretada agenda”.
Ante la frustración de la diligencia de exhibición, la fiscalía programó para el miércoles una inspección en la casa de la presidenta para revisar los relojes, pero no les permitieron el ingreso. Inicialmente les informaron a los fiscales que la presidenta estaba en el domicilio, pero luego una oficial de la Policía que hace parte de su seguridad informó que la mandataria estaba en Palacio de Gobierno y recibiría a los fiscales y policías en su oficina. Cuando llegaron a Palacio, tampoco fueron recibidos.
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Lourdes Fernández
El juez hace un recuento de las publicaciones periodísticas, desde la primera hecha por La Encerrona, y de las declaraciones de la presidenta y de su primer ministro. Ella sostuvo que colaboraría con la Fiscalía y antes había dicho que era un “elemento de antaño”. El juez también registra el detalle de la declaración del gerente de Casa Banchero quien asegura que todos los relojes Rolex tienen un número de serie exclusivo y tiene una clara trazabilidad para conocer su origen. Sostuvo que para conocer el numero y rastrearlo es necesario tenerlo físicamente y abrirle la tapa de una manera técnica a manos de un experto acreditado.
“Estos elementos de convicción -dice la resolución del juez- aportan datos con relevancia jurídico penal, que vinculan a la investigada Boluarte Zegarra en los hechos materia de investigación fiscal, pues presuntamente habría incrementado su patrimonio ilícitamente así como habría omitido declarar (dada su condición de funcionaria pública) en las respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas (relojes marca Rolex considerados de lujo y/o alta gama) por un valor aproximado de $32.000 dólares americanos”. El juez también autorizó la inspección judicial del auto Honda 2018 que fue comprado de contado por la presidenta Boluarte pero no estaba en la residencia de la mandataria en Surquillo.
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El juez Checkley considera que es indispensable la autorización de los allanamientos porque hay riesgo de pérdida y ocultamiento de los relojes, lo que constituiría una grave afectación a la investigación. “Existe -dice el juez- una alta probabilidad que además de los relojes se encuentre documentación relevante a efectos de los delitos materia de investigación en los inmuebles y vehículos sobre los que se está planteando el presente requerimiento, y que corren el riesgo de ser destruidos, extraviados o modificados”. El juez agrega que no hay otro medio de menor lesividad para encontrar los relojes y los documentos que permitan avanzar en la investigación. “La medida es perfectamente proporcional porque existe estricto equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio y los intereses constitucionales del Ministerio Público en su labor de investigación del delito”.
En la resolución está detallado el análisis sobre la pertinencia de la investigación al presidente en ejercicio, conforme ha ocurrido en los últimos años en los que se ha autorizado adelantar pesquisas sobre mandatarios a pesar de la restricción constitucional del articulo 117 que establece que el presidente en ejercicio solo puede ser acusado por los delitos de traición a la patria, impedir las elecciones, por disolver ilegalmente el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento. El juez resalta la postura de la Corte Suprema que desde 2022 y en desarrollo de un amparo presentado por el entonces presidente Pedro Castillo, sostuvo que las restricciones constitucionales no impiden los actos previos de investigación: “es evidente la necesidad de realizar actos urgentes e imprescindibles para establecer, aún en mínimo grado, la realidad de unos determinados hechos y la intervención de ellos de sus posibles autores y partícipes, así como asegurar los datos materiales e identificar a las fuentes de prueba y recabar las pericias y declaraciones que fueran menester pues el tiempo que transcurre puede conspirar seriamente en estas tareas y, por tanto, sería irrazonable esperar, sin hacer nada, el vencimiento del periodo presidencial”.
La resolución judicial aprueba la incautación de los relojes. Sin embargo, en una entrevista en RPP, el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, informó que en la diligencia en Palacio de Gobierno fueron exhibidos 10 relojes de bajo valor, pero no fueron incautados. Según él, los agentes tomaron fotografías de los relojes.
El juez autorizó casi todo lo solicitado por el Ministerio Público, excepto el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la presidenta Boluarte. La resolución dice que “no se justifica razonablemente cuál es la vinculación entre esta medida y la incautación específica de los relojes ya señalados”.
El juez autorizó que las diligencias las celebraran dos fiscales adjuntos supremos, dos fiscales superiores, 6 fiscales provinciales 4 fiscales adjuntos provinciales. Hacia el mediodía se conoció la presentación de un recurso de Habeas Corpus para que se declaren nulos los allanamientos autorizados por el juez Checkley, pues el fiscal interino no sería idóneo pues no ha juramentado ante la presidenta como ordena la ley y porque los allanamientos no fueron ejecutados por el propio Villena. Un recurso que ha sido admitido por el Poder Judicial pero que tendría poco futuro.
El abogado de la presidenta Mateo Castañeda ha revelado que el próximo viernes 5 de abril se llevará a cabo la diligencia indagatoria de la presidenta ante el fiscal de la Nación.
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Redacción Epicentro