Junta Nacional de Justicia sin quórum para sancionar

Con la salida de Aldo Vásquez e Inés Tello la JNJ queda con las manos atadas para seguir con los procesos disciplinarios que tienen en cola. La próxima semana se tiene que decidir si inhabilitan a la ex fiscal Patricia Benavides y si se ratifica a los jefes de la ONPE y el Reniec. Sin quórum, todo lo avanzado por los miembros de la junta quedaría en suspenso.

La próxima semana  es clave para el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El viernes 3 de mayo vence el plazo de 10 días hábiles que tiene la JNJ para determinar si la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides es destituida por haber cometido faltas muy graves. Además, para ese mismo día se han programado las entrevistas personales a Piero Corvetto y Carmen Velarde para decidir, antes del 7 de mayo, si son ratificados como jefe de la ONPE y del Reniec, respectivamente.

Sin embargo, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC)  que restablece la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, la junta se quedaría sin quórum para resolver esos y otros procesos disciplinarios.

El magistrado Aldo Vásquez, ha asegurado que, con su salida y la de Inés Tello del Pleno de la junta, los procesos disciplinarios quedarían suspendidos y la JNJ resultaría “bloqueada”.

“No voy a mencionar casos singulares, pero la regla general es que se requiere un miembro instructor y cinco que votan; es decir, seis miembros. En este momento hay cinco miembros habilitados; en consecuencia, la mayor parte de los procedimientos disciplinarios quedarán en suspenso mientras no se decida esta situación”, dijo Vásquez esta tarde a RPP.

¿Ayuda a Benavides?

En su resolución el TC resolvió declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar presentada por el Congreso de la República y suspender la resolución de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que repuso a Aldo Vásquez e Inés Tello en sus cargos, hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso de la República.

Es decir, se restablecen las resoluciones legislativas, emitidas por el Congreso en marzo de este año, que inhabilitan a Tello y Vásquez por presunta infracción constitucional.

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La magistrada del TC Luz Pacheco, aseguró esta mañana que con esta medida solo se ha defendido el fuero del Congreso.

"Lo que hemos dicho es que la decisión que tomó la sala al aceptar la medida cautelar solicitada por dos miembros de la JNJ, por ser una medida cautelar, no tomó en cuenta el derecho de defensa del Congreso", dijo en RPP.

Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada no solo por la rapidez con  la que ha sido resuelta la medida cautelar (8 días),sino que evidenciaría una interferencia del Tribunal Constitucional en las competencias del Poder Judicial e interviene directamente en un proceso que está en curso, lo cual viola la Constitución. (Artículo 139).

El Colegio de Abogados de Lima se pronunció, a través de su cuenta de X, expresando su rechazo a la decisión del TC porque “vulnera  gravemente la autonomía e independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes”.

“El Congreso interpuso recurso de apelación contra  la  medida cautelar y, paralelamente, acudió al TC solicitando, la suspensión de sus efectos sin esperar que culmine el proceso judicial. (...) Lo que correspondía era esperar a que la Corte Suprema resuelva la apelación presentada y no avocarse a una causa pendiente ante el Poder Judicial”, señala el comunicado.

La polémica por la resolución del TC se da, además, porque se produjo apenas dos días después de que se ejecutara la operación Valkiria XI, en donde se han revelado más presuntos hechos ilícitos que involucrarían a la ex fiscal Patricia Benavides y al propio presidente del TC, Francisco Morales Saravia. El TC resolvió justo días antes de que se deba decidir la situación de Benavides.  ¿Coincidencia?

Lo cierto es que el TC también ha publicado la sentencia en la que rechaza la demanda competencial presentada por el Ministerio Público contra la JNJ para que la Junta no pudiera sancionar a la entonces fiscal de la Nación por decisiones que adopte en desarrollo de sus competencias como remover fiscales. Esta demanda había sido presentada el año pasado por Patricia Benavides, con apoyo de la Junta de Fiscales Supremos, y pretendía que la JNJ no pudiera continuar con el caso contra la e entonces jefa del Ministerio Público  por remover a la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana Enma. El TC ha rechazado el pedido de la Fiscalía.

Esta decisión del TC también ha sido “oportuna” pues tras la operación Valkiria XI se conoció que un aspirante a colaborador eficaz aseguró que la ex fiscal de la Nación habría coordinado con el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, la presentación de esa demanda competencial para que la JNJ no la investigue.

Benavides habría planteado, junto a sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, presentar la demanda competencial y para ello habría convocado a los fiscales supremos Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez para que la apoyaran. Según la fiscalía, Girao y otros abogados elaboraron la demanda competencial, dirigidos por Benavides, quien envió al fiscal Marco Huamán a conversar con el magistrado Morales Saravia para que los “apoyara”. El magistrado del TC no solo habría aceptado sino que se comprometió a designarse como ponente.

Además, el mismo aspirante a colaborador aseguró que en una conversación entre Benavides, Villanueva y Girao, esta les hizo saber que por intermedio de José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca había contactado a José Antonio Chang, de la Universidad San Martín de Porres, quien “tenía la conexión con los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich” porque “los invitaba a congresos donde les pagaba los viajes y gollerías”.

Ante ello, el procurador de la JNJ ha pedido al procurador general Javier Pacheco que evalúe denunciar penalmente al presidente del TC, Javier Morales Saravia, por lo evidenciado por la fiscalía.

Con las manos atadas

El magistrado Aldo Vásquez ha alertado que la situación actual de la JNJ es incierta y que, de agotarse los recursos judiciales a nivel nacional, tanto él como Tello acudirán a las instancias internacionales.

¿Cómo queda el proceso de Benavides? Vásquez precisó que en el caso específico de la investigación a Benavides por liderar una supuesta organización criminal en el Ministerio Público, la junta no tendría facultades para resolver ya que solo hay 5 miembros en el Pleno, de las cuales una es instructora, y con 4 miembros no hay quórum.

Lo mismo podría suceder con el proceso de elección de los representantes de la ONPE y el Reniec. La JNJ publicó ayer los informes de evaluación de documentos presentados por ambas entidades. Por ello, programó la vista pública de la entrevista personal de los funcionarios con los miembros del pleno de la JNJ para el 3 de mayo. Luego de ello, y por votación motivada, el pleno deberá decidir si los o alguno de los funcionarios continúan por un período adicional o si se convoca a un concurso público de méritos para elegir a uno o a los jefes de estas dos instituciones.

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Ni la llegada de los accesitarios podría resolver la incertidumbre, asegura Aldo Vásquez, ya que como ha sucedido antes con Abraham Siles, quien desistió de ser miembro accesitario de la JNJ, no habrá quien quiera suplirlos en el cargo debido al contexto.

Por su parte, desde el Poder Judicial aún no ha habido pronunciamiento público ante lo resuelto por el TC. En un evento sobre el sistema de gestión antisoborno del sector, el presidente del PJ, Javier Arévalo, solo mencionó al final de su discurso: "Los jueces tenemos que ser un ejemplo y tratar de eliminar cualquier vestigio de irregularidad y sobre todo denunciar los casos de malos servidores que se aprovechan del cargo en beneficio propio".