Congreso: titulares de JNE, ONPE y Reniec podrán ser denunciados constitucionalmente

Por mayoría, la Comisión de Constitución del Congreso presidida por la fujimorista Martha Moyano aprobó el predictamen que modifica el artículo 99 de la Constitución e incorpora a los titulares del sistema electoral como pasibles en denuncias constitucionales. El JNE calificó la propuesta como inviable y pidió se respete la independencia de poderes.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones el predictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional del artículo 99 de la Constitución Política del Perú para incorporar a los titulares del sistema electoral en el procedimiento de acusación constitucional.

Los parlamentarios que votaron a favor del predictamen fueron los fujimoristas Martha Moyano, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Héctor Ventura y Nilza Chacón; así como los congresistas de APP Lady Camones y Eduardo Salhuana. También dieron su aprobación a la iniciativa legislativa, los congresistas de Renovación Popular Gladys Echaiz y Alejandro Muñante; de Acción Popular Darwin Espinoza y Wilson Soto; y los parlamentarios María Alva, Adriana Tudela (AP),José Elías (PP),Héctor Valer (SP) y Juan Burgos (UD).

Votaron en contra los legisladores Edgar Reymundo Mercado de Cambio Democrático, Germán Tacuri Valdivia del Bloque Magisterial, Diana Gonzales de Avanza País y Víctor Cutipa de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

La propuesta legislativa propone incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como pasibles de denuncias constitucionales.

Es decir, plantean que el artículo 99 de la Constitución quede redactado de la siguiente manera:

Durante el debate, el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante aseguró que el pedido de incorporar a los integrantes del sistema electoral en el artículo 99 de la Constitución está fundamentado en tres sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que exhortan al Congreso a incluirlos en el antejuicio y juicio político. El primero es una prerrogativa de la que gozan algunos funcionarios públicos, para que no puedan ser procesados por los delitos cometidos sin una autorización previa del Congreso.  Mientras que el juicio político es un procedimiento de control exclusivamente político, seguido ante el Congreso de la República.

“No es una ni son dos, fueron tres las sentencias del Tribunal Constitucional que han exhortado al Parlamento a incluirlos (...)  El antejuicio es un beneficio, es una atribución adicional que tendrían y no lo tienen en este momento”, dijo.

Sin embargo, la parlamentaria Diana Gonzales de Avanza País aclaró que las sentencias del TC mencionadas por Muñante solo exhortan al Congreso a modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir solo el antejuicio político.

La sentencia 74/2023 del Expediente 00003-2022CC/TC dice lo siguiente:

“Si revisamos las sentencias se señala que se incluya expresamente al antejuicio político, pero no al juicio político”, indicó.

Asimismo, la parlamentaria de Avanza País Adriana Tudela defendió el predictamen asegurando que es necesario que se incluya el antejuicio y el juicio político en los altos funcionarios del sistema electoral ya que la “separación de poderes que cada uno tiene, es una función específica que no puede ser usurpada por otra entidad del Estado, pero que se hace efectiva con el control político de otras entidades del Estado”.

No es viable

Las voces en contra de la propuesta legislativa han sido diversas desde antes de que se aprobara. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X. En el documento, aseguran que el proyecto de ley es inviable ya que resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho. En específico, afectaría la separación de poderes, independencia e imparcialidad que tiene el JNE.

“Cualquier intento de cooptar a los órganos electorales por parte de los poderes públicos, afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática”, señalan.

Además, indican que ninguno de los integrantes del JNE ni de los demás organismos del sistema electoral fueron convocados a la sesión de la comisión.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, criticó también en su cuenta de X la propuesta legislativa al considerar que se afecta la independencia judicial y se les pone a merced del poder político. “¿Quieren nuevamente usar el juicio político contra quienes interpretan diferente a ellos/as? (como con JNJ o ex Fiscal Ávalos) ¿O más bien (y esto es lo más probable) quieren tener la posibilidad de remover e inhabilitar  a quienes tienen potestad para decidir respecto de ellos? (como están intentando hacer con la Fiscal Espinoza o el actual Fiscal de la Nación por iniciar investigaciones por presuntos delitos)”, preguntó.

Para el abogado José Naupari lo aprobado por el Congreso no es un tema menor ya que los Congresistas son militantes, dirigentes o, por lo menos, propuestos por partidos políticos como candidatos. “¿Quiénes son parte, como regla general, en procedimientos ante el sistema electoral? Partidos políticos, militantes o candidatos”, tuiteó.

Asimismo, insistió: “¿Cómo se puede considerar que se optimiza la independencia e imparcialidad si van a tener una espada de Damocles a través de una posible sanción política a cargo de quienes pueden ser parte en procesos a cargo del sistema?”.

El también abogado y magíster en Ciencias Políticas Herber Joel Campos calificó de peligrosa la reforma constitucional aprobada por la Comisión de Constitución y exhortó al Pleno a revisar y corregir  la propuesta legislativa. Para el abogado, en el caso de los organismos electorales tiene sentido el antejuicio político, pues optimiza su independencia y autonomía. Sin embargo, no el juicio político. “Si el Congreso puede, en potencia, destituir o inhabilitar a los titulares de estas entidades, ambos atributos se debilitan”, tuiteó.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, también alertó que la decisión tomada por el Congreso pone en riesgo el derecho a votar en elecciones justas y libres.

Ahora se espera que el dictamen sea incluido en la agenda del Pleno donde será debatido y puesto a debate público.