El pasado 15 de marzo, la Comisión presentó un paquete de medidas para flexibilizar los requisitos medioambientales
La Comisión Europea está trazando un camino innovador en la regulación de la cadena alimentaria, tomando como referencia la ley española y proponiendo medidas audaces para asegurar una remuneración justa para agricultores y ganaderos. Más allá de las reformas en la Política Agraria Común (PAC),esta propuesta busca integrar la generación de valor en la normativa comunitaria a medio plazo, marcando un hito en el panorama europeo.
El pasado 15 de marzo, la Comisión presentó un paquete de medidas para flexibilizar los requisitos medioambientales de acceso a las ayudas de la PAC. Entre ellas, se destaca la excepción de controles y sanciones para aliviar la carga administrativa de las pequeñas explotaciones agrarias, una medida urgente para calmar las tensiones en el campo.
Las modificaciones propuestas incluyen una revisión específica de varias normas beneficiosas para el medioambiente y el clima, como la cobertura mínima de suelo, la rotación en tierras de cultivo y el porcentaje mínimo de barbecho. Se alienta a los Estados miembro a ofrecer más flexibilidad en estos aspectos, reconociendo la diversidad de condiciones y necesidades en toda la Unión Europea.
Además, se plantea la posibilidad de eximir a ciertos cultivos, tipos de suelo o sistemas agrícolas del cumplimiento de ciertos requisitos, así como establecer excepciones temporales ante condiciones climáticas adversas. Todo esto se hace con el objetivo de simplificar el proceso y garantizar una transición fluida hacia prácticas más sostenibles.
Es importante destacar que estas medidas no comprometen los ambiciosos objetivos medioambientales y climáticos de la política agrícola de la UE, reafirmando el compromiso de Europa con la protección del planeta.
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En el caso de España, se estima que alrededor de 345.000 pequeños agricultores se beneficiarán de estas simplificaciones, lo que representa el 55% del total de beneficiarios de ayudas de la PAC en el país.
El Consejo de Ministros de Agricultura ha respaldado la propuesta de la Comisión y ha remitido al Parlamento la reforma del reglamento de la PAC para su aprobación antes de finales de abril. Se espera que las principales medidas entren en vigor con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2024, lo que brindará seguridad jurídica y permitirá una aplicación ágil en el sector agrícola.
Paralelamente a estas flexibilidades en la PAC, la Comisión también ha propuesto medidas relacionadas con la cadena alimentaria, como la creación de un observatorio de costes de producción y la obligatoriedad de realizar contratos por escrito. Estas propuestas, inspiradas en la legislación española, buscan garantizar una remuneración digna para los agricultores y ganaderos, evitando prácticas injustas como la venta a pérdidas.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura español está trabajando en la adaptación de las normativas internas para incorporar estos cambios, mientras continúa negociando con las principales organizaciones agrarias para acordar medidas adicionales, como ayudas fiscales o reformas en el sistema de seguros agrarios.
La propuesta de la Comisión Europea marca un paso adelante en la regulación de la cadena alimentaria, tomando como ejemplo la experiencia española y buscando garantizar un futuro más justo y sostenible para el sector agrícola en toda Europa.