Luego de las diligencias, el Reniec confirmó la suspensión de la cuenta del congresista
Un equipo de fiscales llevó a cabo esta mañana una diligencia de constatación en la oficina del congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, quien enfrenta acusaciones de utilizar recursos del Parlamento y el personal de su despacho congresal para promover la inscripción de su propio partido político, el ‘Movimiento Regional Adelante Áncash’.
La diligencia comenzó alrededor de las 09:00 a.m. en la oficina del legislador, ubicada en el edificio Fernando Belaunde Terry, en el Cercado de Lima.
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Las investigaciones surgieron después de que un reportaje periodístico revelara que Espinoza solicitó cerca de 10 000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Parlamento en enero de este año para imprimir fichas de afiliación a su partido.
Según el informe, el congresista utiliza su oficina parlamentaria como centro de operaciones para actividades proselitistas y obliga a su personal a viajar a provincias de Áncash, financiando con su propio dinero gastos personales y regalos a cambio de firmas.
Además, Espinoza encargó a su asistente la verificación de fichas con información de “nuevos” militantes, utilizando la cuenta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cedida al legislador.
Asimismo, el Reniec informó que, solo en marzo, desde la cuenta de consulta de Darwin Espinoza, se realizaron al menos 1 851 consultas.
A pesar de estas acusaciones, Espinoza negó la intención de formar su propio partido, afirmando que pertenece a Acción Popular y que cualquier perspectiva futura se verá más adelante.
Procuraduría iniciaría investigaciones contra Darwin Espinoza
Por otro lado, la Procuraduría General del Estado (PGE) exigió al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares contra Espinoza por presuntos delitos de concusión y peculado de uso, solicitando una medida de suspensión contra el congresista debido al potencial perjuicio al Estado.
La hipótesis sugiere que los trabajadores de Espinoza fueron coaccionados para recabar firmas a cambio de dádivas y obsequios, lo que constituiría un abuso de poder por parte del congresista.