El fiscal adjunto supremo adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, Luis Arturo Ballón Segovia, presentó y sustentó detalladamente las razones por las que el Ministerio Público solicitó la suspensión de Patricia Benavides que el juez supremo provisional, Segismundo León, aprobó.
“Lo que hoy [miércoles 25] se presenta ante usted no es un hecho aislado o la evidencia de la comisión de un delito cualquiera. Nos encontramos en realidad ante la ejecución concreta de uno de los planes delictivos de una organización criminal, liderada desde la cúspide del Ministerio Público, por quien en su momento detentó el cargo más alto en la institución, la investigada Liz Patricia Benavides Vargas”, dijo.
Luego, Ballón Segovia pasó a detallar lo que el operativo Valquiria, el 27 de noviembre del 2023, puso en evidencia. La existencia de la organización criminal conocida como “La fiscal y su cúpula de poder”, conformada por sus entonces asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao. «La organización no se limitó a una sola acción ni a un solo ámbito», afirmó.
Asimismo dijo que los elementos de prueba revelan un patrón sistemático de criminalidad funcional que se desplegó de manera organizada desde el interior del Ministerio Público y se extendió a otras instituciones claves para nuestro sistema democrático como el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, entre otros.
Resumen del caso Patricia Benavides Vargas
Primer hecho (2022): cohecho pasivo específico y abuso de autoridad
Protagonistas: José Luis Castillo (investigado por “Los Cuellos Blancos del Puerto”),Patricia Benavides (entonces fiscal de la Nación),y el policía Rodríguez Menacho.
Hecho: Castillo, a través de un intermediario, ofreció “ayuda” a Benavides en la investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por sus llamadas con miembros de la red criminal.
Acción ilícita: omitieron información de comunicaciones reales entre Benavides y los investigados, y posteriormente también omitieron llamadas con abogados vinculados a procesados por narcotráfico. Luego hay un intercambio de favores. Castillo pidió a Benavides que designe fiscales en el equipo que lo investigaba.
Resultado: Benavides aceptó, pidiendo hacerlo “progresivamente” para no generar sospechas. Se configura el primer delito de cohecho pasivo específico.
En otro momento, hay un nuevo pedido de Castillo Alba: Designar al abogado Abelardo Caycho como fiscal en Lima Noroeste para que acuse al juez Walter Ríos, colaborador eficaz del caso Cuellos Blancos.
Finalidad de estos actos ilícitos
Neutralizar a Ríos Montalvo, quien estaba revelando información sobre la red criminal. Acción de Benavides: Ordenó crear una vacante y exigió que Caicho esté en la terna, a pesar de que no cumplía el perfil.
Resultado: El 10 de marzo de 2023, Benavides lo designa fiscal, y Caicho acusa a Walter Ríos, como le habían pedido.
Prueba clave: Se encontró en el equipo de Rodríguez Menacho un archivo digital de la declaración que iba a presentar como testigo a favor de Benavides. El archivo fue modificado desde la Fiscalía de la Nación, el 9 de marzo de 2023, un día antes del nombramiento de Caicho.
Delitos configurados: Segundo delito de cohecho pasivo específico y abuso de autoridad, al manipular el proceso de selección de fiscales para cumplir un acuerdo ilícito y beneficiarse personalmente.
Segundo Hecho (tercer pedido ilícito): cohecho pasivo específico
Contexto: Petición de José Luis Castillo: Que Patricia Benavides remueva a tres fiscales del equipo especial Cuellos Blancos: a Jorge Luis Díaz (fiscal superior coordinador),Andy Rodríguez (fiscal provincial) y Max Castro (fiscal adjunto).
Motivos del pedido y a cambio de: para tener el apoyo continuo del policía Rodríguez Menacho (testigo clave a favor de Benavides). Y, la intercesión de Castillo ante miembros de la JNJ, ya que Benavides tenía múltiples procesos por inconductas funcionales.
Acciones de Benavides: Acepta la propuesta y convoca a Jorge Luis Díaz, quien le informa que Castillo Alva es nexo de la organización criminal y que se estaba preparando una prisión preventiva contra él. Benavides, a través de sus asesores, filtra esta información a Castillo Alva.
Sobornos y reuniones:
Mirta González Yep, pareja de Castillo Alva, ofrece 60,000 dólares a los asesores de Benavides. El dinero se entrega en más de 10 reuniones. Una de las más importantes se dio el 21 de marzo de 2023, en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación.
En esa reunión participaron: Patricia Benavides, sus asesores Miguel Girao, Villanueva Barreto, González Yep, Castillo Alva y el policía Rodríguez Menacho. Luego, González Yep se queda a solas con Benavides por 15 minutos.
Consecuencias: Se ejecutan actos de hostigamiento y retiro de confianza para forzar la salida de los tres fiscales, sin que parezca una decisión directa de Benavides.
En contraprestación, Rodríguez Menacho declara ante la JNJ (25 de mayo 2023) afirmando, como fue instruido, que «no podía asegurar si el número atribuido a Benavides realmente le pertenecía.»
Conclusión jurídica: Patricia Benavides configuró un tercer delito de cohecho pasivo específico.
Tercer hecho | encubrimiento a José Luis Castillo Alva: encubrimiento personal agravado
Contexto general: Este hecho corresponde a la ejecución del pacto ilícito previamente concertado entre Patricia Benavides y José Luis Castillo, tras la remoción de los fiscales que investigaban el caso Cuellos Blancos.
Acciones clave: Designación de nuevo fiscal, Jorge Armando Vargas quien fue nombrado fiscal provincial. Al poco tiempo de asumir, fue llevado por el asesor Miguel Girao al departamento del propio Castillo Alva.
Vargas Sueldo renunció por falta de autonomía y declaró que Benavides estaba al tanto de la reunión con Castillo Alva. Se produce un nuevo nombramiento. Se nombra a Angi Lisbeth Tábara, también conocedora del plan ilícito, quien omitió remitir una disposición clave solicitada por la Fiscalía de Extinción de Dominio para investigar a Castillo Alva, lo que permitió archivar ese caso.
Manipulación del proceso: Canceló diligencias ya programadas y reprogramó otras favorables al imputado, como la declaración del periodista Carlos Tafur.
Estas acciones buscaban: Sustentar un pedido de cese de prisión preventiva y preparar un eventual sobreseimiento (archivo del caso).
Conclusión jurídica: Con estas acciones, Patricia Benavides cometió el delito de encubrimiento personal agravado, al intentar sustraer de la justicia a un investigado por organización criminal.
Cuarto hecho | Encubrimiento de personas cercanas a Patricia Benavides: delito de encubrimiento personal
Contexto: La fiscal provincial Magali Quiróz llevaba una investigación secreta contra personas cercanas a Patricia Benavides Vargas, incluyendo al policía Jorge Rodríguez Menacho y al periodista Juan Carlos Tafur.
Acciones de Patricia Benavides: Remoción de fiscales. Al enterarse de esta investigación, Benavides cesó a Magali Quiróz de su cargo. También dio por concluida la designación del fiscal adjunto Sergio Díaz, alegando que “no se alineaba a la política institucional” cuando en realidad no se alineaba a sus planes.
Manipulación de la investigación: La conducción del caso fue entregada a Cristian Alfaro, fiscal designado por la propia Benavides. Este levantó el secreto de la investigación y ordenó su archivo. Además dispuso notificar esta decisión a los implicados: Tafur, Menacho y Castillo Alva, favoreciendo directamente a los investigados.
Consecuencia legal: Patricia Benavides configuró un segundo delito de encubrimiento personal, al sustraer de la persecución penal a sus allegados, logrando que el caso fuera archivado.
Quinto hecho | Encubrimiento del fiscal Javier Huamaní Muñoz: delito de encubrimiento personal, esta vez como instigadora
Contexto: El equipo especial Cuellos Blancos remitió un informe a la Fiscalía Suprema Competente, a cargo del fiscal Franklin Tommy López, señalando presuntos vínculos del fiscal Javier Huamaní con el juez supremo César Hinostroza, líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Acción de Patricia Benavides Vargas: Intervención directa. Al conocer el informe, Benavides convocó de inmediato a una reunión privada con el fiscal supremo Franklin Tommy y el coordinador del equipo especial Jorge Luis Díaz.
Presión e interferencia: Durante la reunión, reprendió al coordinador Díaz Cabello, acusándolo de «deslealtad» por permitir que el informe se enviara. También lo acusó de incitar la apertura de una investigación contra Huamaní.
Efecto de la presión: El fiscal supremo no abrió investigación preliminar, limitándose a realizar diligencias previas que se prolongaron más de 6 meses.
Consecuencia legal: Patricia Benavides Vargas configuró un tercer delito de encubrimiento personal, esta vez como instigadora, al impedir que se investigue al fiscal Javier Huamaní Muñoz.
Para la ejecución de los delitos, esta organización criminal se sirvió de las funciones constitucionales y legales diseñadas para perseguir el delito.Los transformó en mecanismos de intercambio para asegurar impunidad y beneficios personales.
Todos estos hechos son objeto de investigación en más de 10 carpetas fiscales en las que propiamente se investiga a esta organización criminal. Y, concretamente, algunos planes criminales.
Patricia Benavides: comisión de delitos, reiterancia delictiva, tratativas ilícitas y posición de poder
El fiscal dijo que la medida cautelar de suspensión se basa en un primer presupuesto plenamente acreditado. A Benavides se le imputa siete delitos: tres de cohecho pasivo específico, tres de encubrimiento personal y uno de abuso de autoridad. Todos estos están sancionados, además de pena privativa de libertad, con pena de inhabilitación, ya sea principal o accesoria.
“Otro presupuesto para imponer esta medida es para evitar la reiterancia delictiva, que se sustenta de manera objetiva en cuatro indicadores: el comportamiento previo de la investigada. Recordó que cuando fue fiscal de la Junta Suprema intercedió personalmente ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a favor de su hermana Enma Benavides Vargas. Luego, cuando ella asume la Fiscalía de la Nación, hace lo mismo con la fiscal a cargo, Inés Revilla. Y, cuando se negó, dio por concluida su designación. En su lugar designó a Uriel Terán, quien sí solicitó el archivo de la investigación.
Están también las tratativas ilícitas con dos miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia para ser favorecida en el concurso público donde participó. Tratativas con algunos congresistas para que voten por la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos a cambio de pronunciamientos fiscales a su favor. Es en ese contexto que el congresista Balcázar le pide a cambio nombre como fiscal a su nuera, lo que en efecto hizo. Y Patricia Chirinos, quien firmó una denuncia redactada en la misma Fiscalía contra los jueces constitucionales que decidieron en contra de los intereses de Benavides. Fue a cambio del archivo de una investigación contra su colega parlamentario Luis Ángel Aragón.
Otro indicador a tomar en cuenta es la posición de poder. Con el cargo de fiscal suprema como de Fiscal de la Nación, que son los de más alta jerarquía en el Ministerio Público, tendría a su cargo investigaciones de altísima sensibilidad, incluyendo la investigación de los delitos cometidos por jueces, fiscales y otros altos funcionarios. Además, volvería a formar parte de la junta de fiscales supremos, que elige al fiscal de la nación, al representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones y tiene incidencia directa en decisiones institucionales importantes para el destino de la institución.
El patrón de conducta de Patricia Benavides
El patrón de conducta como otro indicador a tener en cuenta. Todos los hechos que se investiga no ocurrieron en un solo momento de manera aislada. Son una serie de acciones durante más de un año que fueron ejecutadas de manera sistemática para asegurar impunidad y el control de los procesos. Como cuando actuó la noche anterior al operativo Valquiria, cuando fue a la sede de la Fiscalía en plena noche y permaneció hasta la madrugada con el fin de gestionar y firmar la resolución que concluía la designación de la fiscal superior coordinadora a cargo de ese operativo, Marita Barreto. Esto porque la fiscal había programado un allanamiento a sus asesores en la madrugada siguiente, lo que trataba de evitar.
«No solo eso. Su entonces asesor Jaime Villanueva ha declarado que ella misma le advirtió de su posible detención y le recomendó internarse en una clínica. Algo que él efectivamente hizo. Es decir, hubo una clara maniobra de encubrimiento y obstrucción», dijo el fiscal.
«Y si acaso ya olvidamos este suceso, basta recordar lo ocurrido el lunes 16 de junio reciente cuando la señora Benavides Vargas intentó ingresar por la vía de los hechos al despacho de la Fiscalía de la Nación sin esperar que dicha decisión fuera puesta en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos», continuó.
A lo que añade que impidió que sesionaran los fiscales supremos con esta actitud. «Pero resulta más reprochable que por esta vía e incluso con amenaza de la fuerza pública pretenda ingresar al despacho donde están custodiadas las carpetas fiscales en las que se le investiga.No solo a ella, sino a otros funcionarios de su organización criminal. O investigaciones que involucran a otros altos funcionarios con los que ha tenido vínculos previos, tratos ilícitos previos, como el caso conocido como Niños 1, que involucra a más de 20 congresistas y está pendiente de pronunciamiento», añadió.
Pactos ilícitos y retribución de Benavides cuando era Fiscal de la Nación
Con relación al indicador de capacidad de reincidencia delictiva, el fiscal advirtió al juez que cuando desempeñó el cargo de fiscal de la Nación, Benavides Vargasse comprometió a retribuir aalgunos políticos con el archivo de sus investigaciones, algunas de las cuales siguen en trámite en la Fiscalía de la Nación. Y ahora estarían en peligro con su retorno.
Estos compromisos ilícitos se habrían concretado con parlamentarios como César Manuel Revilla Villanueva, Patricia Chirinos, Jaqueline Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jon Tay. José Williams, Ilich López, Luiis Aragón, José Jerí y José Flores. Todos estos estos tratos están siendo objeto de investigación en la carpeta que investiga la organización criminal.
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