La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el trato del Estado frente a quienes ejercen su derecho a la protesta.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dado un plazo de 60 días al gobierno de Dina Boluarte para que este brinde mayor información sobre las decenas de muertes ocurridas en el marco de las protestas sociales.
En el documento dirigido al Ejecutivo, se da cuenta de la información consignada por la Defensoría del Pueblo, y se menciona que han sido advertidos de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
Los informes de autopsia y análisis forense de los fallecidos en Puno sirvieron a la entidad para conocer que estos habrían muerto por heridas de bala. El texto hace mención a la muerte de seis ciudadanos en los que “se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM”. En torno a las detenciones arbitrarias, se mencionó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
El alto comisionado de la ONU también señala que se reportó que la «respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar ‘en guerra’ y que califica a las personas que protestan como ‘enemigos’ o terroristas’, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas».
PIDE TRATO DIFERENCIADO
De otro lado, el ministro de Justicia, José Tello, se manifestó sobre el pedido hecho por la presidenta Dina Boluarte a la Fiscalía de la Nación para su toma de declaración, en la que figura como investigada por delito de genocidio por las muertes durante las protestas en diferentes partes del Perú en contra de su Gobierno, sea llevada a cabo de manera virtual.
Al respecto, Tello alegó que se trataba de un pedido que «debía ser respetado» a fin de que se vuelva a tener respeto «a la investidura presidencial», una lógica que no respetó ni el Ministerio Público, ni la prensa concentrada ni los opositores del expresidente Pedro Castillo.
«La presidenta ha querido tener, y corresponde a su derecho, una audiencia, una declaración virtual. Es una decisión de ella que hay que respetar», dijo.
«No es que no quiera ir a Fiscalía. Ella (Boluarte) está dispuesta a declarar de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión; y, repito, hay que volver a darle a la figura del presidente de la República ese talante de respeto que tanto se ha perdido», aseveró.
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