El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha presentado al Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra, por el caso Club de la Construcción. De ser aprobado su pedido, el moqueguano debería seguir las investigaciones detenido por 18 meses, solo un poco más de su efímero período de gobierno. La incógnita sobre su participación en las próximas elecciones se develará el próximo 17 de marzo, cuando la juez decida si acepta o no la petición fiscal.

Lo tragicómico para el país es que Vizcarra es solo el último de los mandatarios que ha cambiado la banda presidencial para pasar al banquillo de los acusados por liderar una banda delincuencial.

Alberto Fujimori (1990-2000) purga una condena de más del doble de su mandato (25 años) por los delitos de homicidio y secuestro agravado en el caso La Cantuta y Barrios Altos y de ocho años por peculado.

Alan García (2006-2011) estaba siendo investigado por el escándalo de corrupción más grande de América Latina: el caso Odebrecht. Ante la posibilidad de recibir una condena por el doble de tiempo de sus dos períodos presidenciales, optó por suicidarse.

Alejandro Toledo (2001-2006), espera en prisión domiciliario y con prohibición de ingerir alcohol, una detención de 18 meses acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Podría recibir como condena el triple de su período en Palacio de Gobierno.

Ollanta Humala (2011-2016), después de haber pasado 9 meses con prisión preventiva, afronta junto con su es-posa una acusación por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por el dinero recibido en las campañas de 2006 y 2011. De ser condenado, estaría preso cuatro veces su mandato presidencial.

Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) aguarda enfermo y bajo prisión domiciliaria una acusación por presunto lavado de activos también en el caso Odebrecht. PPK podría recibir una condena de cinco ve-ces su período presidencial.

¿Qué puede explicar que en los últimos 30 años el Perú haya elegido, democráticamente, a cinco líderes que se rindieran ante la corrupción y cuyas fotos para el futuro no serán frente a las obras que inauguraron o a las poblaciones que beneficiaron, sino detrás de los barrotes de una prisión de alta seguridad? Al parecer no es solo problemas de individuos, sino del sistema político.

Peor aún, después de leer la última encuesta de preferencia electoral del Instituto de Estudios Peruanos, también podríamos preguntarnos ¿la ciudadanía no estará empoderando al futuro sexto inquilino del banquillo de los acusados? Ojalá que no.