El Pleno del Congreso aprobó, por 93 votos a favor y 14 abstenciones, el proyecto de ley que propone la reforma constitucional que tiene como objetivo fortalecer la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
Con esta decisión de la máxima instancia parlamentaria se cumplió con la segunda votación que requiere una reforma constitucional realizada en la siguiente legislatura ordinaria, tal como señala la Constitución, para su aplicación jurídica.
El legislador Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, indicó que la finalidad de la propuesta es la lucha contra la corrupción de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
La medida plantea que en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, se modifique y se reconozca el derecho al secreto bancario y la reforma tributaria en todas las personas y se incorpore a los dos nuevos titulares que podrían efectuar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria que son el contralor general de la República y el superintendente de Banca y Seguro y AFP, precisándose que el contralor solo puede levantar la información de funcionarios y servidores que administren y manejen fondos del Estado y de los organismos sostenidos por este en los tres niveles de Gobierno en el marco de una acción de control.
El titular del grupo parlamentario afirmó que el superintendente de la SBS solo puede levantar el secreto bancario para los fines específicos de la inteligencia financiera. Agregó que ante la realidad de que las prácticas delictivas tan lesivas al Estado, como son el lavado de activos, terrorismo, corrupción, en todos los niveles de Gobierno no llegan a ser adecuadamente detectadas ni investigadas o controladas.
“Debemos ser conscientes que en el Perú se pierde solamente por corrupción, sin hablar de terrorismo, 23 mil millones de soles al año. Por eso, debemos fortalecer el control gubernamental en manos de la Contraloría, facilitando el necesario y oportuno acceso a la información sensible económica; es decir, se le da a la Contraloría un instrumento que le permita detectar con mayor eficiencia los casos de corrupción e inconducta delictiva de los servidores que administran o manejan los fondos del Estado”, subrayó.
DATO
Valdez manifestó que se le da la posibilidad a la Contraloría de un instrumento que permita detectar con mayor eficiencia los casos de corrupción e inconducta delictiva de los servidores y funcionarios que administran y manejan fondos públicos.