El canciller Javier González-Olaechea acaba de realizar dos viajes importantes al extranjero. El primero de ellos, a París, Francia, para sostener reuniones con altas autoridades vinculadas al proceso de admisión del Perú a la OCDE. A estos encuentros también asistió el primer ministro Adrianzén. El resultado concreto de estas reuniones en Europa aún no ha sido informado a la opinión pública. Esperemos que hayan sido auspiciosas, aunque cada vez resulta más difícil nuestro ingreso a este grupo selecto de países, en mi opinión, dada la debilidad institucional del Gobierno y el hecho de que el Congreso peruano se ha desbocado en su afán de aprobar medidas cada vez más contrarias a las que precisamente promueve la OCDE (predictibilidad para las inversiones, responsabilidad fiscal, democracia, e independencia de poderes).
El otro viaje que concretó nuestro canciller es nada menos que a China, seguramente en un esfuerzo por asegurar la participación de altas autoridades de este gigante asiático en la próxima reunión de APEC en noviembre de 2024. En concreto, González-Olaechea se reunió con el vicepresidente Han Zheng, quien le habría confirmado la presencia del presidente Xi Jinping en las reuniones de noviembre.
Pero más allá de las reuniones, quizá algo protocolares, hoy subyace un asunto fundamental con China, que no me cabe duda fue materia de las reuniones del canciller: el impasse generado por la autorización del puerto de Chancay, una de las obras de infraestructura más importantes jamás construidas en Perú.
A lo largo de los últimos años, en su afán de expandirse al mundo a fin de asegurar la provisión de materias primas y otros productos para su vertiginoso crecimiento, China ha buscado invertir en muchos países del mundo. ¿Qué pedía a cambio? De un lado, reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo. Por el otro, países con gobiernos fuertes que hagan respetar el marco legal para hacer inversiones.
Hoy la autorización para la construcción del puerto de Chancay se encuentra en una especie de “limbo” jurídico, pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN) la habría extendido hace dos años sin un riguroso análisis. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ositran han levantado observaciones a la exclusividad que la APN le extendió a la empresa para la operación del puerto. Como se ha señalado, la autorización para su construcción se dio hace dos años y el puerto ya se encuentra construido en un 70%. Los representantes del Gobierno chino definitivamente están mortificados por la poca claridad de las reglas de juego y por la debilidad del Gobierno, tal como reconoció recientemente el ministro Arista.
Entonces, la empresa china ha tenido que invocar el TLC firmado entre los dos países para manifestar su disconformidad con el actuar del Estado peruano. El convenio exige que antes del inicio formal del arbitraje entre el Gobierno y la empresa afectada se formalice una etapa de negociación con el ánimo de buscar una solución a la disputa. Ojalá los desacuerdos que han surgido se resuelvan en breve, ya que así evitaremos que se inicie formalmente el arbitraje ante el CIADI y se facilitará el camino para que el presidente chino efectivamente sea quien inaugure este megapuerto que cambiará la dinámica comercial del Perú y de nuestros países vecinos.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.
VIDEO RECOMENDADO